Melody González Pedraza, quien durante años fungió como jueza dentro del sistema judicial del régimen cubano, acaba de recibir un portazo legal en Estados Unidos: le negaron el asilo y le soltaron una orden oficial de deportación.
La noticia, confirmada por Martí Noticias a través de registros del sistema de la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración (EOIR), marca un giro contundente en el caso de esta exfuncionaria judicial, cuyo historial ha estado bajo la lupa desde que puso pie en suelo estadounidense.
El dictamen fue emitido el 21 de mayo de 2025 por un juez de inmigración en Pompano Beach, Florida, tras un proceso judicial que duró casi un año y levantó más de una ceja. Hasta el momento, no hay nuevas audiencias programadas para ella, y si quiere apelar la decisión, tendrá que hacerlo antes del 20 de junio. El reloj ya está corriendo.
«Esta vez la justicia sí llegó»
Desde el exilio, la reacción no se hizo esperar. Víctimas del sistema represivo cubano —muchas de ellas viviendo hoy en EE. UU.— recibieron la noticia como una bocanada de justicia.
“El asilo es para los oprimidos, no para los que oprimen. Hoy se hizo justicia, y muchos pueden dormir más tranquilos”, soltó Samuel Rodríguez, activista y expreso político cubano, en una transmisión en vivo cargada de emoción. Rodríguez, quien asegura haber sido víctima directa de González en la isla, cree que las probabilidades de que ella gane una apelación son mínimas.
Un pasado manchado por condenas políticas
Melody González no fue una jueza cualquiera. Ocupó puestos de peso dentro del sistema penal cubano, siempre en sintonía con los intereses del régimen. Se le acusa de haber dictado sentencias arbitrarias, especialmente en casos de jóvenes cubanos condenados sin pruebas, procesos marcados por la sombra de la Seguridad del Estado y sin el más mínimo respeto al debido proceso.
Testimonios recogidos por organizaciones de derechos humanos y medios del exilio la vinculan directamente con juicios políticos en los que primaba la obediencia al Partido Comunista por encima de la ley. Varios exiliados incluso la han señalado por prevaricación, asegurando que su función fue la de «vestir de legalidad» la represión institucionalizada del régimen.
Cuando llegó a EE. UU., González pidió asilo político, diciendo que temía ser perseguida si regresaba a Cuba. Pero el tiro le salió por la culata: su historial como engranaje activo del aparato represivo cubano terminó pasándole factura.
No ha mostrado arrepentimiento
Hasta ahora, la exjueza no ha ofrecido declaraciones públicas. Sin embargo, en uno de los documentos del proceso, admitió haber condenado a cuatro jóvenes por un supuesto atentado sin tener pruebas sólidas, y reconoció haber actuado bajo la presión del Partido Comunista. Esos jóvenes siguen tras las rejas en Cuba, según confirman reportes recientes.
El caso sigue abierto… por poco tiempo
Aunque la orden de deportación está sobre la mesa, el proceso aún no ha llegado a su final definitivo. González Pedraza puede presentar una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA). Si no lo hace o si le rechazan el recurso, no le quedará otra que empacar o enfrentar la deportación forzosa.
El abogado Wilfredo Allen, citado por Martí Noticias, fue claro: si pierde la apelación, se queda sin ningún as bajo la manga para permanecer legalmente en Estados Unidos.
Este caso se suma a una creciente ola de funcionarios y exagentes del régimen cubano que llegan al norte diciendo ser perseguidos, mientras esconden sus vínculos con violaciones de derechos humanos. Cada vez son más los que piden a las autoridades estadounidenses endurecer los filtros migratorios para que no se cuele más de un represor en busca de cobijo bajo el sistema democrático que un día ayudaron a aplastar.
