Una firma de abogados en Miami se ha propuesto cambiarle la vida a decenas de cubanos que llegaron a Estados Unidos y fueron liberados con el polémico formulario I-220A. Este 21 de mayo, el equipo legal encabezado por el abogado Eduardo Soto presentó una demanda colectiva contra el gobierno federal, buscando que estos migrantes sean reconocidos legalmente como si hubieran entrado con un «parole».
¿Y eso qué significa? Pues nada más y nada menos que una posible vía abierta hacia la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.
La jugada legal: darle vuelta al I-220A
El argumento central de Soto suena sencillo, pero tiene peso legal: si a un migrante lo detienen al llegar al país, sin una orden formal de arresto, no puede ser procesado como si ya estuviera “dentro”, sino como alguien que apenas está pidiendo entrar. Y si es así, la única forma legal de dejarlo en libertad sería mediante un parole. O sea, no fue una salida “porque sí”, fue porque no había de otra.
El abogado se apoya en una decisión fresca de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), fechada el 15 de mayo de 2025, en el caso Matter of Q. LI. Aunque se trataba de una ciudadana china, el fallo dejó claro que cualquier persona que llegue sin ser admitida oficialmente y es detenida al pisar suelo estadounidense, debe ser tratada como solicitante de admisión bajo la sección 235(b) del Acta de Inmigración y Nacionalidad. Eso cambia el juego.
¿Y qué pinta Cuba en todo esto?
Mucho. Miles de cubanos han sido liberados en situaciones parecidas con el formulario I-220A, un documento que, hasta ahora, el gobierno no consideraba válido para aplicar a la Ley de Ajuste Cubano. Pero con esta nueva lectura legal, las cosas podrían virar.
“No es justo que a estas personas se les niegue un camino legal solo porque no hubo un papel con el sello adecuado”, comentó Soto, refiriéndose a que muchos fueron liberados en condiciones similares a un parole, aunque sin llamarlo así.
Historias con nombre y cara
Una de las cubanas que figura en la demanda colectiva es Laura de la Caridad González Sánchez. Su caso fue noticia en marzo, cuando la detuvieron en pleno trámite de inmigración, a pesar de tener un asilo pendiente. Tras pasar por el susto y ser liberada con grilletes, decidió sumarse a esta acción legal con la esperanza de que su situación —y la de muchos más— tenga un vuelco positivo.
Como ella, al menos otros 30 cubanos ya están montados en el barco de esta demanda. El número podría crecer, pero solo califican quienes fueron detenidos físicamente y luego liberados sin orden de arresto, explicó Soto. Y sí, el proceso tiene un costo, así que no es simplemente levantar la mano.
¿Qué puede pasar ahora?
Si el tribunal da luz verde, el gobierno tendrá dos meses para responder. Y si el fallo resulta favorable para los demandantes, entonces sí que se abre una puerta grande: los liberados con I-220A podrían ser reconocidos como si hubieran recibido un parole humanitario, lo que los haría elegibles para aplicar a la Ley de Ajuste Cubano.
Eso significa residencia permanente, y con ella, un camino mucho más claro hacia una vida estable en Estados Unidos.
Estamos hablando de una jugada legal que podría cambiar el destino de miles de cubanos, muchos de ellos viviendo desde hace tiempo en un limbo migratorio, sin saber si su libertad les sirve de algo o es solo una espera sin final.
