La novela del internet en Cuba acaba de sumar un capítulo bien sabroso. El régimen cubano puso el grito en el cielo por la entrada de antenas del servicio satelital Starlink, que según dicen, están siendo introducidas a la isla por la izquierda, escondidas entre maletas y electrodomésticos como si fueran contrabando. ¿La acusación? Que esto forma parte de una maniobra secreta de Estados Unidos para moverle el piso al Gobierno.
Desde el perfil oficialista Cuba X Siempre, vocero fiel del sistema, soltaron la alarma: funcionarios de la Aduana y de la Unidad de Control del Espectro Radioeléctrico (UPTCER) aseguran que ya hay antenas Starlink funcionando ilegalmente en territorio cubano. Y no es solo el susto, es que afirman que estas conexiones están metiendo interferencia en la red de ETECSA, afectando a un 6% de las celdas del país, y en La Habana el número llega hasta el 12%.
William Pérez González, uno de los jefes de la Aduana, dijo que los intentos de entrar con estos dispositivos están aumentando. Y Carlos Prieto de la Lastra, de la UPTCER, soltó que ya existe un ecosistema “pirata” de internet por satélite operando dentro de Cuba.
Lo que sí está claro es que tener una de estas antenas no es para cualquiera. En el mercado negro cubano, un terminal Starlink cuesta entre 1,300 y 1,800 dólares, más otros 300 en instalación y traslado. Además, hace falta tener una tarjeta bancaria internacional para activar el servicio, que muchos cubanos pagan a través del plan itinerante de EE.UU., con un precio mensual de 165 dólares. Otros buscan la vuelta desde países como México o Paraguay.
Desde las esferas oficiales, no se andan con medias tintas. Acusan que este servicio viola regulaciones internacionales, incluyendo las de la OFAC (que prohíbe transacciones sin licencia con Cuba), la ley Helms-Burton (que podría traer demandas si las antenas se instalan en propiedades nacionalizadas) y las normas sobre exportación de tecnologías sensibles.
Además, según remarcan, la Unión Internacional de Telecomunicaciones exige que cualquier uso del espectro radioeléctrico sea autorizado por el país donde se use. Y con Starlink entrando por la puerta de atrás, eso no está pasando, claro está.
Para el Gobierno cubano, esto no es nuevo. Lo ven como otro capítulo del viejo libreto de «agresiones digitales» desde Estados Unidos, similar al fallido Zunzuneo (aquel experimento de red social para influir en la juventud cubana) o a la historia del contratista Alan Gross, que metió tecnología de comunicación escondida.
El régimen también recordó que en julio de 2021 el Departamento de Estado habló de garantizar un internet libre de censura para la isla. Desde entonces, figuras del exilio en Florida –como Ron DeSantis o María Elvira Salazar– han empujado la idea de usar Starlink para conectar a los cubanos, saltando el muro digital de ETECSA.
De hecho, Salazar no ha escondido su entusiasmo. Ha presionado públicamente a Elon Musk para que habilite su servicio en Cuba, al igual que hizo en Ucrania. Y aunque el empresario no ha soltado declaraciones largas, en 2022 respondió un simple “OK” en Twitter cuando le preguntaron si lo haría. Una palabra que, aunque breve, ha sido interpretada por muchos como un sí cargado de intención.
Mientras tanto, la propaganda oficial sigue tratando a Starlink como un “caballo de Troya”: algo que entra disfrazado de ayuda tecnológica pero viene con agenda política escondida. Lo que no dicen, claro, es que este servicio también representa una vía para esquivar el férreo control de ETECSA, esa única operadora que vigila, filtra y encarece cada megabyte que pasa por la isla.
En lugar de revisar su propio modelo restrictivo, el gobierno prefiere criminalizar cualquier intento alternativo de conexión, acusando a los usuarios de estar al servicio de intereses oscuros. Pero para muchos cubanos, Starlink no es una amenaza: es una esperanza. Es la posibilidad de tener voz propia, de conectarse sin miedo, sin censura y sin intermediarios estatales.
