En medio de un lío que ha levantado más polvo que un ciclón en la autopista nacional, el gobierno de Estados Unidos confirmó que actuó “según los protocolos” al deportar a dos cubanos con un amplio expediente criminal… pero no a Cuba, sino a Sudán del Sur, uno de los países más caóticos del planeta.
La historia salió a relucir durante una rueda de prensa en Miami, donde el encargado de Negocios de la Embajada de EE.UU. en La Habana, Mike Hammer, soltó que ese tipo de asuntos mejor los responda el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero dejó caer una bomba en voz baja: “Si el régimen cubano no acepta a sus nacionales, tenemos que buscar otras salidas.”
¿Y qué salida encontraron esta vez? Pues nada más y nada menos que Sudán del Sur, un país con conflictos internos, violencia y una inestabilidad política que lo convierte en cualquier cosa menos un lugar seguro. Y eso ha puesto a medio mundo a mirar con el ceño fruncido a las autoridades norteamericanas.
El escándalo creció cuando se supo, a través de Associated Press, que al menos ocho inmigrantes con condenas por delitos violentos fueron enviados recientemente fuera del país. Aunque el destino exacto no se confirmó oficialmente, varias fuentes coinciden en que ese avión aterrizó en Sudán del Sur.
Entre los que viajaban en ese vuelo están los cubanos Enrique Arias-Hierro y José Manuel Rodríguez-Quiñones, quienes cargan con más antecedentes que una telenovela de mil capítulos.
Arias-Hierro, según datos del DHS, fue arrestado el pasado 2 de mayo. Su historial incluye homicidio, robo armado, secuestro y hasta hacerse pasar por funcionario, lo que lo pinta como un personaje de película… pero de las malas.
Por su parte, Rodríguez-Quiñones fue detenido el 30 de abril y tiene condenas por intento de asesinato, agresión grave y hasta tráfico de perros. Ambos fueron clasificados por ICE como “amenazas reales a la seguridad nacional y pública”.
La práctica de enviar a personas a terceros países no es nueva, pero vuelve a poner en tela de juicio el manejo de las deportaciones de inmigrantes peligrosos, especialmente cuando sus países de origen —como Cuba— se hacen los suecos y no quieren recibirlos.
La movida ha generado rechazo entre activistas de derechos humanos, quienes advierten que lanzar a estas personas en medio de un conflicto ajeno no solo agrava la situación local del país receptor, sino que puede violar normas internacionales de protección.
Mientras tanto, un juez federal ha exigido respuestas urgentes a las autoridades estadounidenses. Porque por muy duros que sean los antecedentes de los deportados, enviarlos a una zona de guerra suena, cuanto menos, a jugada arriesgada.
En la raíz del asunto está la negativa constante del régimen cubano a aceptar a ciertos deportados, sobre todo aquellos con un historial judicial tan pesado. Lo que deja a Washington con pocas opciones… y decisiones polémicas como esta.
