El gobierno de Estados Unidos volvió a dejar claro que no piensa quedarse de brazos cruzados ante la represión en Cuba. En una rueda de prensa realizada este jueves en Miami, el encargado de negocios de la embajada norteamericana en La Habana, Mike Hammer, aseguró que nuevas sanciones contra funcionarios del régimen cubano están al caer.
“El paquete de sanciones que se anunció el miércoles es solo el comienzo. Esto no se queda ahí”, afirmó Hammer. “Vamos a seguir tomando medidas contra los represores. No puedo dar detalles ahora, pero vienen más sanciones, eso ténganlo por seguro”.
Estas declaraciones se producen justo después de que cuatro funcionarios judiciales cubanos fueran sancionados por su participación directa en el caso del joven activista Luis Robles Elizástigui, quien fue arrestado en 2020 por salir a la calle con un cartel que pedía “Libertad” y “No + represión”. Una escena que muchos aún recuerdan como símbolo de valentía en medio de la censura.
Entre los sancionados están la fiscal Yanaisa Matos Legrá y los jueces Gladys María Padrón Canals, María Elena Fornari Conde y Juan Sosa Orama, todos vinculados al Tribunal Provincial Popular de La Habana. Según el Departamento de Estado, estos funcionarios no actuaron como jueces imparciales, sino como brazos del régimen para silenciar voces disidentes.
La sanción no solo afecta a los funcionarios directamente, sino también a sus familiares más cercanos, quienes tampoco podrán entrar a territorio estadounidense. Un golpe que va más allá de lo simbólico.
“El mensaje es claro: no se puede usar la toga como escudo para pisotear los derechos humanos”, se lee en el comunicado del Departamento de Estado, donde además se recalca que estos jueces montaron procesos amañados, con sentencias ya cantadas, solo por motivos políticos.
Un alto cargo del Departamento de Estado también apuntó que esta política sigue la línea de la administración Trump, enfocada en responsabilizar a quienes utilizan el sistema judicial cubano como herramienta de represión. Casos como los de José Daniel Ferrer y Félix Navarro, ambos opositores reincarcelados por razones más que cuestionables, refuerzan esa denuncia.
En medio de este escenario, Luis Robles fue liberado en enero de 2025, después de cumplir casi toda su condena. Su caso generó una ola de solidaridad internacional, y hasta el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias lo calificó como un claro ejemplo de arresto injusto.
Desde Washington, la postura es firme: “La desproporcionada respuesta del régimen cubano a expresiones pacíficas deja al descubierto su intolerancia y su desprecio por las libertades fundamentales”.
