La cosa está que arde en Cuba con la ofensiva del gobierno contra las drogas, y en especial contra “el químico”, ese cannabinoide sintético que se ha convertido en el enemigo número uno de las autoridades. Un joven fue condenado en Las Tunas al castigo máximo previsto para este delito, sin derecho a pasaporte, ni a moverse fuera del país, ni a ejercer sus derechos públicos mientras cumple su sentencia.
Según la prensa oficial, este fue el resultado del juicio número 61 del año 2025, celebrado en el Tribunal Municipal de Las Tunas. El cargo: tenencia de drogas o sustancias con efectos similares, y sí, estamos hablando específicamente del químico. En la vista pública se presentaron pruebas de todo tipo —testigos, peritajes, documentos— y, según informaron, no quedó ni una duda sobre la culpabilidad del acusado. Las partes no apelaron, y la sentencia quedó firme allí mismo.
La ofensiva contra el químico no se detiene, y este caso se suma a una seguidilla de juicios que se están llevando a cabo por toda la Isla. Hace apenas unos días, medios estatales informaron que tres ciudadanos fueron sentenciados a 15, 18 y hasta 20 años de prisión en La Habana, también por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Se les acusó de mover cocaína entre provincias para revenderla, y la Fiscalía lo describió como un proceso ejemplarizante, de esos que mandan un mensaje claro: con esto no se juega.
Otro caso reciente ocurrió en Santiago de Cuba, donde un hombre fue condenado a 12 años por trasladar casi medio kilo de marihuana hacia Camagüey. En su caso, además del tiempo tras las rejas, le confiscaron el dinero, le prohibieron salir del país y le suspendieron los derechos civiles. Otros dos jóvenes recibieron penas de ocho y nueve años por andar sembrando y vendiendo marihuana y el químico, como si aquello fuera un negocio cualquiera.
Lo más preocupante del asunto es que el químico ahora viene más peligroso que nunca. Según informes oficiales, está mezclado con fentanilo, formol y hasta anestésicos de uso veterinario. Se dice que el 90 % de los que lo prueban una sola vez ya quedan atrapados. Las autoridades lo describen como una droga de expansión rápida y con altísima letalidad, una especie de ruleta rusa que circula entre jóvenes y adultos por igual.
Frente a este panorama, el gobierno ha apretado aún más las tuercas. Desde el año pasado se está aplicando una política de “tolerancia cero” en los tribunales. Según el presidente de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial de La Habana, más del 92 % de los procesados por drogas están recibiendo penas de cárcel sin beneficios. Las condenas pueden ir desde 30 años hasta cadena perpetua, e incluso, en casos graves, no se descarta la pena de muerte.
Como parte de esta línea dura, también han empezado a confiscar casas donde se detecte venta o consumo, las llamadas “casas de consumo”. Si prestaste el espacio, aunque sea sin darte cuenta, te puede caer la ley arriba igual.
Y por si fuera poco, el drama se ha colado hasta las escuelas. El propio gobierno ha reconocido que el consumo de estupefacientes entre menores está aumentando, e incluso que hay chicos metidos en la venta. Eso ha encendido todas las alarmas, tanto en el sistema judicial como en los organismos de seguridad.
La respuesta ha sido reforzar el discurso oficial: “quien rompa la estabilidad social, recibirá todo el peso de la ley”. Pero más allá de la retórica, el gobierno está apostando por mostrar mano dura, con castigos que sirvan de ejemplo. La realidad, sin embargo, es más compleja. Cuando las drogas llegan a las escuelas, es porque el problema ya se salió del molde.
