En medio del ansiado programa de reunificación familiar, muchos cubanos se están topando con un muro invisible pero muy real: las sospechas ideológicas. A pesar de cumplir todos los requisitos legales, pagar sus trámites y presentarse puntuales en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, hay quienes ven sus visas negadas sin pruebas claras y con acusaciones que más parecen sacadas de archivo viejo que de un expediente actual.
Ese es el caso de Andy Leal, un cubano que lleva años luchando desde Estados Unidos por traer a su madre, Mayra Jiménez García, a vivir con él. Después de más de dos años de papeleo, entrevistas y esperanzas, el proceso se le vino abajo con una negativa fulminante. ¿La razón? Según la embajada, Mayra tendría lazos con el Partido Comunista de Cuba, aunque ella insiste que jamás ha tenido militancia política.
“Nunca he sido comunista, ni he participado en nada de eso. Solo quiero estar con mi hijo”, le contó Mayra al periodista Eduardo “Yusnaby” Rodríguez desde La Habana, visiblemente afectada.
Y por si fuera poco, ella tiene ciudadanía española, lo cual contradice uno de los principios del PCC, que prohíbe la doble nacionalidad entre sus miembros. Aun así, la sospecha fue suficiente para cerrar la puerta, sin una sola prueba en mano ni opción clara para apelar.
Un problema que crece en silencio
El caso de Andy y su madre no es un hecho aislado. En Miami, abogados migratorios y activistas denuncian que cada vez son más las familias cubanas afectadas por estos rechazos, basados en acusaciones sin sustento o por simples vínculos laborales con empresas estatales. Para el consulado, haber trabajado para el Estado puede ser interpretado como afinidad con el régimen, aunque en Cuba eso sea prácticamente inevitable.
Durante una reciente conferencia en Miami, Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de EE.UU. en Cuba, reconoció que los filtros consulares están más estrictos que nunca. Según él, el objetivo es evitar que antiguos represores del sistema comunista paseen libremente por las calles de Estados Unidos.
“No queremos ver a gente con historial represivo disfrutando en South Beach, tomándose un mojito como si nada. Eso no sería justo”, soltó Hammer sin pelos en la lengua.
El problema, como él mismo admitió, es que el sistema no es perfecto. “Los oficiales consulares toman decisiones con la información que tienen. Si hay errores, se pueden revisar, pero el enfoque sigue siendo proteger las leyes estadounidenses”.
Un rayo de esperanza… y mucha frustración
Ese mínimo resquicio de revisión es lo que mantiene a Andy aferrado a la esperanza. Ha escrito a la embajada, se ha asesorado legalmente, ha pedido ayuda a congresistas e incluso ha hecho pública su historia para que el caso no quede en el olvido.
Desde el sur de Florida, muchas familias piden lo mismo: más claridad, más humanidad y menos arbitrariedad. Reclaman que cada caso se analice por separado, que las personas tengan derecho a defenderse y que no se siga utilizando la sombra del comunismo para frenar procesos familiares.
