La historia se repite en Cuba, pero esta vez con un nuevo capítulo que huele a represión maquillada. La historiadora y activista Alina Bárbara López Hernández vuelve a estar en la mira de las autoridades. La Fiscalía acaba de pedir para ella cuatro años de trabajo correccional sin internamiento, en un proceso que ella misma califica de montaje político con aroma a venganza institucional.
Todo comenzó el 18 de junio de 2024, cuando Alina y la antropóloga Jenny Victoria Pantoja Torres se dirigían tranquilamente a La Habana para sumarse a una protesta pacífica. Sin embargo, en Matanzas, la Policía les cayó arriba y terminó deteniéndolas con violencia.
Ahora, la Fiscalía dice que cometieron los delitos de desacato, desobediencia y atentado, aunque las pruebas, según las activistas, más bien apuntan a todo lo contrario. Jenny también está acusada, con una petición de tres años de sanción sustitutiva, todo por un supuesto “atentado” contra una agente.
La escena del absurdo
Pero lo que más ha dejado con la boca abierta a medio internet es lo que vino después: las autoridades piden a Alina pagar 650 pesos por romperle el uniforme a una policía, y a Jenny, 500 por las extensiones artificiales del cabello que, dicen, se cayeron durante el altercado. Sí, así mismo como lo lees. No es una broma ni una serie de Netflix.
Ante esto, Alina no se quedó callada. En un post largo y sin pelos en la lengua en su perfil de Facebook, soltó todo lo que tenía atravesado en el pecho. Asegura que tanto ella como Pantoja fueron golpeadas y tratadas como si fueran delincuentes comunes, sin importar que todo lo que buscaban era ejercer su derecho a manifestarse en paz.
“Nosotras fuimos las golpeadas, las violentadas, las tratadas como animales”, escribió. Y no lo dice al aire: tiene pruebas médicas que confirman lesiones físicas, incluyendo una laberintitis postraumática en su caso, y contusiones en el pecho en el de Jenny. Pero nada de eso parece interesarle al sistema judicial.
Un guion escrito desde el poder
Para Alina, todo el expediente fiscal es “un drama mal escrito”, donde se intenta borrar lo político de un hecho que claramente es político desde el primer minuto. Denuncia que el relato oficial las presenta como parte de una “trifulca vial”, con detalles que rayan en lo ridículo y que, según ella, no tienen ni pies ni cabeza.
A pesar de ser dos figuras con un respetado historial académico y cívico, lo que enfrentan ahora es una jugada del poder para dar un escarmiento. El mensaje es claro: el que levante la voz, paga el precio.
“El juicio no es solo contra nosotras, es también contra la Constitución de 2019”, escribió Alina, dejando claro que lo que está en juego aquí no es solo su libertad, sino la credibilidad de todo un sistema que se dice democrático, pero actúa como dictadura.
Una causa que trasciende fronteras
El caso ya ha levantado reacciones de organizaciones y defensores de derechos humanos dentro y fuera de Cuba. Muchos coinciden en que se trata de una criminalización directa del pensamiento libre y la protesta pacífica, lo cual viola compromisos internacionales que el Estado cubano dice respetar.
“Las dictaduras no pueden disfrazarse de democracias, aunque lo intenten”, remató Alina, reafirmando su compromiso con una resistencia sin violencia, pero firme como una piedra.
Todavía no se ha fijado la fecha del juicio, que tendrá lugar en el Tribunal Municipal Popular de Matanzas, pero desde ya se anticipa como otro proceso cargado de simbolismo y tensión política.
En los próximos días, según anunció la propia Alina, harán pública una declaración oficial sobre su postura ante la sanción propuesta. Pero si algo está claro, es que no piensan quedarse calladas.
