Desde una celda en Cuba, el empresario cubanoamericano Frank Cuspinera Medina ha alzado la voz con fuerza y sin medias tintas. A través de una carta pública que ya empieza a recorrer el mundo, denuncia haber sido víctima de tortura psicológica, violaciones legales y una cacería política organizada por la Seguridad del Estado.
Cuspinera, conocido por fundar el supermercado Diplomarket, al que muchos llaman el “Costco cubano”, no solo está preso, sino decidido a iniciar una huelga de hambre el 1 de junio, en protesta por lo que califica como un atropello absoluto a sus derechos como ciudadano y empresario.
“Me negaron todo: la comunicación, la defensa legal… desde el primer momento”, escribió el emprendedor, asegurando que su arresto fue el resultado de un montaje orquestado por la Seguridad del Estado, la DTI y hasta su propio abogado, a quien acusa de actuar en su contra.
Desde que fue detenido el 20 de junio de 2024, las autoridades habrían intervenido sus negocios, incluyendo auditorías a cargo del todopoderoso GAESA, brazo económico militar del régimen, que se habría llevado todos los activos de Cuspinera y paralizado su empresa.
“No soy un criminal, soy un empresario legal, con licencias en EE.UU. y un sueño de hacer negocios dignamente. Pero competir con el Estado en Cuba es firmar tu sentencia”, denuncia.
Frank, quien también es vicepresidente de la firma Las Américas TCC Corporation en Florida, no duda en calificar su situación como un ejemplo del temor que tiene el gobierno cubano a perder el control económico. Diplomarket, que nació casi en silencio en 2022 en una zona industrial de La Habana, ya estaba en la mira desde sus primeros pasos. Según el portal 14ymedio, el supermercado operaba bajo estrecha vigilancia, y el éxito que empezó a cosechar lo convirtió rápidamente en un blanco.
Aunque las autoridades no han emitido cargos formales, se le señala informalmente por delitos como evasión fiscal, lavado de dinero y tráfico de divisas. Sin embargo, Cuspinera asegura que las pruebas han sido manipuladas y que algunos de los trabajadores usados como testigos en su contra ya han salido del país, probablemente para no cargar con el peso de la mentira.
“Fabricaron un caso para quedarse con mi empresa, así de simple”, denuncia, comparando su situación con la del exministro de Economía Alejandro Gil, también caído en desgracia hace unos meses. A su juicio, todo forma parte de una limpieza silenciosa contra quienes osan abrirse paso en la Cuba actual sin estar bajo el ala del Partido o de los militares.
“No estoy pidiendo impunidad”, dice Cuspinera, “solo el derecho elemental de poder defenderme”.
Con esta carta, el empresario busca visibilizar lo que para muchos ya es una estrategia repetida: desprestigiar, arrestar y expropiar a quienes emergen en el sector privado con independencia. Por eso pide ayuda urgente de la comunidad internacional, de los defensores de derechos humanos y del Departamento de Estado de EE.UU., antes de que su voz se apague tras los barrotes.
