La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar volvió a alzar la voz este viernes, esta vez para pedirle directamente a Donald Trump que no dé luz verde a la deportación masiva de más de 530 mil migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que entraron legalmente a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario.
Ese programa, creado por la administración de Biden en 2022, permitía la entrada legal de personas con patrocinadores que garantizaran su manutención. Pero la Corte Suprema tumbó esa política, dejando a medio millón de personas colgando de un hilo. Salazar no se quedó callada y envió una carta al expresidente Trump con una solicitud bien clara: activar la Salida Forzosa Diferida (DED).
Esta figura legal no otorga residencia ni estatus permanente, pero sí protege temporalmente de la deportación a personas provenientes de países en crisis, y les permite además solicitar permiso de trabajo mientras dure esa protección.
Desde su cuenta en X (antes Twitter), la representante por Florida fue directa: “Estos migrantes confiaron en las promesas huecas del gobierno de Biden. No podemos ahora darles la espalda. No podemos ignorar el costo humano”. También subrayó que usar la DED permitiría una evaluación caso por caso, asegurando que se protege tanto a los migrantes como a la seguridad nacional.
“Hay que tener compasión y responsabilidad. No podemos deportar a quienes huyen del hambre, la represión o el caos total.” Así lo dijo Salazar, y mencionó específicamente la situación en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Según ella, cada uno de estos países vive bajo condiciones extremas que justifican una protección especial.
Este llamado se da justo después del fallo de la Corte Suprema, que le abrió la puerta al gobierno de Trump para desmantelar el parole humanitario sin necesidad de revisar cada caso individualmente, una jugada que ha sido celebrada por buena parte del Partido Republicano como una supuesta “victoria para la seguridad nacional”.
Pero Salazar no está alineada del todo con su bancada en este tema. Su postura marca distancia y busca dejar claro que, para ella, el compromiso moral con quienes llegaron legalmente al país debe pesar más que la retórica partidista.
Y es que muchos de esos migrantes, sobre todo cubanos, ya han comenzado sus trámites para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, que les permitiría obtener la residencia tras un año y un día en suelo estadounidense. Sin embargo, la eliminación del programa los deja en un limbo legal, sin saber qué va a pasar con su estatus migratorio.
La congresista también ha sentido la presión en casa. En Miami, donde el tema migratorio se vive con intensidad, algunos sectores de la comunidad cubanoamericana le han recriminado no hacer lo suficiente, incluso colocándola en una valla publicitaria que tildaba de “traidores” a políticos del sur de la Florida por no defender a los recién llegados.
