En los últimos días, Cuba ha sido testigo de un fenómeno poco común: estudiantes universitarios alzando la voz, organizándose y exigiendo cambios frente a una medida impopular impuesta por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA). El motivo de la discordia: un aumento significativo en las tarifas de internet, que ha encendido la chispa de la protesta en un país donde la conectividad ya es un lujo para muchos.
La situación económica en la isla es crítica. Con un salario promedio de aproximadamente 5 dólares mensuales, la mayoría de los cubanos enfrenta dificultades para cubrir necesidades básicas. En este contexto, ETECSA implementó un nuevo esquema tarifario que limita los planes subsidiados a 6 GB por 360 pesos cubanos (menos de 1 dólar), y establece que cualquier consumo adicional de 3 GB costará 3,360 pesos (alrededor de 9 dólares), una cifra que representa más de la mitad del salario mensual promedio.
La reacción no se hizo esperar. Estudiantes de diversas universidades, incluyendo la Universidad de La Habana y el Instituto Superior de Arte, emitieron comunicados denunciando la medida y convocando a paros y huelgas estudiantiles. La respuesta de ETECSA fue rápida: directivos de la empresa comenzaron a visitar las universidades para ofrecer explicaciones y prometer planes específicos de internet para los estudiantes, con el objetivo de calmar los ánimos y desactivar las protestas.
Sin embargo, estas promesas no han sido suficientes para apaciguar el descontento. Muchos estudiantes consideran que las medidas son insuficientes y que el acceso a internet debería ser un derecho para todos los ciudadanos, no solo para un grupo selecto. Además, la falta de transparencia y la implementación abrupta de las nuevas tarifas han generado desconfianza hacia ETECSA y las autoridades.
La situación ha sido calificada por algunos como un «apartheid digital», ya que las nuevas tarifas excluyen a quienes no tienen acceso a divisas extranjeras, profundizando las desigualdades sociales y económicas en el país.
En este contexto, la juventud cubana ha demostrado una notable capacidad de organización y resistencia. A través de redes sociales y plataformas digitales, los estudiantes han coordinado acciones, compartido información y expresado su rechazo a las medidas impuestas. Esta movilización digital es especialmente significativa en un país donde el acceso a internet ha sido históricamente limitado y controlado por el Estado.
La respuesta de ETECSA y las autoridades a las protestas estudiantiles refleja una estrategia de contención que busca evitar una escalada del conflicto. Sin embargo, la falta de soluciones estructurales y la percepción de que las medidas son paliativos temporales podrían alimentar aún más el descontento y la movilización social.
Es fundamental reconocer que el acceso a internet no es un lujo, sino una herramienta esencial para la educación, la comunicación y el desarrollo personal y profesional. En un mundo cada vez más interconectado, limitar el acceso a la información y a las tecnologías digitales es una forma de exclusión que afecta especialmente a los jóvenes y a los sectores más vulnerables de la sociedad.
La situación actual en Cuba pone de manifiesto la necesidad de políticas públicas que garanticen el acceso equitativo a internet y a las tecnologías de la información. Esto implica no solo revisar las tarifas y los modelos de negocio de empresas como ETECSA, sino también promover la inversión en infraestructura, fomentar la competencia y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los servicios públicos.
La protesta estudiantil contra el tarifazo de ETECSA es un llamado de atención que no debe ser ignorado. Es una expresión legítima de una generación que demanda cambios y que está dispuesta a luchar por sus derechos. Escuchar sus voces y atender sus demandas es un paso necesario para construir una sociedad más justa, inclusiva y democrática.
