En Cuba, protestar pacíficamente puede salirte muy caro. Y no estamos hablando de una multa o un regaño. Estamos hablando de hasta diez años de cárcel, como podría enfrentar Alejandro Salazar Blanco, un joven de apenas 21 años que fue arrestado por manifestarse en Bayamo contra los eternos apagones y la precariedad que sufren miles de cubanos a diario.
¿Su «delito»? Salir a la calle a decir lo que todos piensan, pero pocos se atreven a gritar. Desde entonces, Alejandro está detenido de forma arbitraria y prácticamente incomunicado. Lo increíble es que fue arrestado el 22 de mayo, un día después de la protesta, cuando agentes policiales irrumpieron en su casa sin orden ni explicación y se lo llevaron por la fuerza.
Desde ese momento, permanece encerrado en una estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), en el punto de control de Bayamo hacia Las Tunas. Apenas un familiar ha podido verlo —y solo en dos ocasiones—, bajo condiciones bastante restrictivas.
Según la organización de derechos humanos Cubalex, varias personas que participaron en esa protesta fueron detenidas y luego liberadas tras firmar actas de advertencia. Pero Alejandro es el único que sigue preso, lo cual evidencia que hay algo más detrás de su detención.
Y sí, lo hay: homofobia institucionalizada. Durante su arresto, un oficial le dijo: “Se te subió la mariconería para la cabeza”, una frase que no solo es ofensiva, sino que muestra claramente el desprecio y discriminación hacia su orientación sexual.
Lo más indignante es que el proceso ha sido un completo desastre: primero dijeron que no lo procesarían, luego hablaron de una fianza de medio millón de pesos cubanos, y ahora lo amenazan con una condena de hasta diez años. Todo esto sin garantías legales, sin transparencia y con total arbitrariedad.
Cubalex y la plataforma feminista Alas Tensas han alzado la voz en redes sociales, denunciando que el caso de Alejandro no es aislado, sino parte de un patrón represivo que el régimen cubano aplica, especialmente contra los jóvenes que se atreven a expresarse.
Porque, seamos claros: protestar no es un crimen. Cantar, marchar o exigir una vida digna tampoco lo es. Pero en Cuba, hacerlo puede significar perder tu libertad, tu seguridad y hasta tu voz.
Y mientras tanto, siguen los apagones, sigue el silencio oficial… y Alejandro sigue preso.