La presidenta ejecutiva de ETECSA, Tania Elena Velázquez Rodríguez, ha sido señalada con nombre y apellido en el portal Represores Cubanos. La acusan de jugar un papel clave en el tarifazo que ha convertido el acceso a internet en Cuba en un lujo reservado para unos pocos. Según el sitio, sus decisiones no solo tienen impacto económico, sino que también forman parte de una estrategia de represión digital, disfrazada de medidas administrativas.
La polémica estalló tras su intervención en la televisión nacional el pasado 1 de junio, donde intentó justificar las tarifas altísimas diciendo que la empresa necesita atraer divisas para sobrevivir. Habló de deudas, fraudes financieros y una infraestructura que exige 150 millones de dólares anuales para mantenerse a flote.
Pero los números no cuadran. El nuevo esquema tarifario impone precios que no dan respiro: 3 GB por 3 360 pesos, 7 GB por 6 720, y 15 GB por 11 760. Si el salario promedio en Cuba ronda los 5 839 pesos al mes, eso significa que ni siquiera un profesional con ingresos “decentes” puede costear el paquete básico sin sudar la gota gorda.
La ONU no se queda callada en estos temas. Desde 2011 considera el acceso a internet como un derecho humano y recomienda que los servicios de conectividad cuesten menos del 2% del ingreso mensual. En Cuba esa cifra se va por encima del techo y deja claro que más que una cuestión técnica, es una decisión política.
Y por si fuera poco, el Miami Herald sacó a relucir una información que pone en jaque el discurso oficial. Según sus datos, RAFIN S.A. —una financiera vinculada al grupo militar GAESA y socia de ETECSA— tenía 407 millones de dólares en efectivo el año pasado. Entonces, ¿de verdad no hay dinero?
Un ingeniero que trabaja dentro del monstruo le dijo al Diario Las Américas que ETECSA no responde a los intereses del pueblo, sino que funciona como “una caja chica del régimen”. Entre 2012 y 2020, generaron miles de millones, pero solo invirtieron migajas —entre el 7% y el 11%— en mejorar la red.
Los cargos contra Velázquez no son poca cosa. Violación del derecho a la información, limitación del acceso a tecnologías y uso de tarifas para reprimir figuran en su expediente. Por eso ha sido etiquetada como “represora de cuello blanco”, un término que aplica a burócratas que, sin uniforme ni porra, reprimen desde el escritorio.
Detrás del tarifazo se esconden dos propósitos claros, según los analistas: uno, presionar a la diáspora cubana para que mande dinero a sus familiares y así alimentar las arcas del Estado; y dos, cortar el acceso a internet a los de abajo, justo cuando el descontento social va en aumento.
La medida ya está calentando la calle. Estudiantes de al menos diez universidades han alzado la voz, mientras en las redes la indignación se hace sentir con fuerza. Y todo esto ocurre mientras el régimen vende al mundo una imagen de modernización y soberanía tecnológica, cuando en realidad millones se quedan fuera de la red, no por falta de infraestructura, sino porque el acceso a internet se ha convertido en un marcador de clase.
