En medio del creciente malestar que ha generado el reciente tarifazo de ETECSA, el Partido Comunista de Cuba (PCC) no ha tardado en desempolvar su arsenal retórico más agresivo. Con un tono beligerante y bien conocido, el oficialismo ha vuelto a hablar en clave de guerra, como si la exigencia de los jóvenes universitarios fuera una amenaza a la seguridad nacional.
El mensaje, publicado en las redes sociales del PCC y respaldado directamente por Miguel Díaz-Canel en su rol de primer secretario, dejó claro que no hay espacio para la crítica dentro del modelo cubano. Tomando prestadas palabras del propio Fidel Castro, el comunicado advierte que “estos procesos revolucionarios no tienen término medio, o triunfan o son derrotados”. Y ya sabemos cómo se interpreta eso desde el poder: disenso igual a enemigo.
“Tengan por seguro que a nosotros no nos contarán entre los derrotados”, remató Díaz-Canel, marcando una línea roja entre los fieles al régimen y los que se atreven a alzar la voz. No es casual ni inocente: es una advertencia directa que criminaliza el desacuerdo y justifica el uso del aparato represivo.
Este discurso recuerda inevitablemente a aquella ya famosa «orden de combate» del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles en protestas pacíficas y el gobernante ordenó confrontarlos con militantes revolucionarios. “A la calle los revolucionarios”, dijo entonces. Y lo que vino después fue represión, golpizas, arrestos arbitrarios y un silencio impuesto a la fuerza.
Hoy el escenario es otro, pero la táctica se repite.
Lo que empezó como un rechazo al abuso tarifario de ETECSA se ha convertido en un fenómeno mucho más amplio, que ha prendido la chispa entre los jóvenes universitarios, especialmente en centros como el ISDi y otras instituciones. La indignación crece porque el acceso a Internet ya no es un lujo: es una necesidad básica para estudiar, trabajar y simplemente vivir en el mundo moderno. Y en lugar de responder con sensatez, el régimen aprieta más la tuerca.
La respuesta del gobierno ha sido el despliegue de agentes de la Seguridad del Estado en las universidades, una movida que dice mucho sobre cómo perciben la protesta: no como un reclamo justo, sino como un delito a sofocar.
A esto se suma un show simbólico: el ascenso a general del ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, en presencia del anciano Raúl Castro. Un gesto que más que homenaje, huele a reafirmación de que el poder sigue blindado tras las mismas caras, las mismas ideas y los mismos métodos.
Lo preocupante es que este tipo de mensajes no son inocuos. Cuando el primer secretario del único partido legal en el país dice que hay que “derrotar a la extrema reacción”, no está hablando en abstracto. Está autorizando el uso de la represión contra estudiantes, periodistas, activistas y cualquiera que cuestione las decisiones del poder.
El lenguaje de trincheras regresa con fuerza. Se habla de lucha, de enemigos, de confusión ideológica, pero en ningún momento se menciona el origen real de todo este descontento: las decisiones impopulares, la desconexión con la realidad y el empeño en gobernar a golpe de miedo.
Cuba está cambiando, aunque el poder se resista a aceptarlo. La gente, sobre todo los jóvenes, está cansada de discursos vacíos y promesas recicladas. Y mientras más se les reprima, más fuerte será el grito que piden silenciar.
