¡Ultima Hora! Estudiantes y profesores de la Universidad de Holguín se unen en una carta abierta contra el tarifazo de ETECSA

Redacción

Desde este lunes, en las redes sociales está circulando una carta abierta que no ha pasado desapercibida. Firmada por estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de Holguín, la misiva expresa con claridad el creciente rechazo al alza de precios que impuso ETECSA en sus servicios de internet.

La carta, dirigida a autoridades del Partido, la Fiscalía, el Gobierno Provincial y a la misma ETECSA, pone sobre la mesa una verdad que muchos sienten pero pocos se atreven a decir en voz alta: que estas tarifas, lejos de mejorar algo, están dejando a los jóvenes sin aire digital para respirar.

“Esto no es solo un problema de cifras, es un tema de sueños y derechos”, afirman los firmantes. Y es que con un salario medio que ronda los 5,700 CUP, ¿cómo se espera que un estudiante pague los 360 pesos que cuesta la recarga “estudiantil”? Eso sin contar que el aumento entró en vigor sin el preaviso de 30 días que, según el propio contrato de ETECSA, es obligatorio.

El impacto psicológico también se siente fuerte. Un anexo redactado por especialistas en Psicología dentro de la misma universidad explica cómo el aumento genera ansiedad, frustración y una creciente sensación de injusticia. Porque no solo se trata de estar desconectado: se trata de no poder investigar, de no asistir a clases virtuales, de no comunicarse con la familia.

En la carta también se denuncia cómo muchos jóvenes con talento han tenido que abandonar sus estudios porque simplemente no pueden costear el acceso a internet. “No es que no puedan con las clases, es que no pueden con los obstáculos”, dicen.

La reacción ha sido inmediata. Profesores y estudiantes han compartido la carta en sus perfiles y grupos en redes, multiplicando el alcance del mensaje. Pero el texto no solo reclama con el corazón: también viene bien armado con artículos de la Constitución cubana y otras leyes, argumentando que la medida viola principios de equidad, justicia y acceso a servicios esenciales.

Además de pedir la suspensión del tarifazo, la comunidad universitaria exige soluciones reales y sostenibles que respeten la legalidad socialista y el sentido de justicia que tanto se predica desde las altas esferas. También dejaron claro que no se dejarán manipular ni silenciar, reafirmando su compromiso con los valores constitucionales y con una Cuba más justa.

“No pedimos privilegios, pedimos oportunidades. No exigimos lujos, sino derechos”, cierran con fuerza los firmantes, resumiendo en una frase todo lo que esta lucha representa. Y con un remate que ya está empezando a resonar entre los pasillos universitarios: “Por una Cuba donde la Constitución no sea letra muerta, y el trabajo cubano sea la verdadera moneda de la patria.”

Pero esto no se quedó en una carta. El viernes pasado, estudiantes de Derecho alzaron la voz por primera vez, acusando a ETECSA de actuar sin transparencia y sin cumplir sus propias reglas. Calificaron las medidas como abusivas y discriminatorias, alejadas de las necesidades reales del pueblo.

El sábado, el movimiento sumó fuerza cuando un grupo de profesores de Derecho y Filosofía del Derecho de la misma universidad se sumó al reclamo. Respaldaron las denuncias estudiantiles y exigieron frenar las medidas de ETECSA de forma inmediata. También pidieron un proceso de consulta ciudadana que sea de verdad abierto y sin maquillaje.

Criticaron con fuerza el discurso frío y tecnocrático de los directivos de la empresa, alertando que estas decisiones no solo afectan el bolsillo, sino también el derecho al conocimiento y la equidad en Cuba.

El domingo, el Consejo de la FEU de la Universidad de Holguín rompió el silencio. Aunque reconocieron que la situación es seria y que están abiertos al diálogo, prefirieron tomar distancia del movimiento estudiantil, condenando lo que llamaron “tergiversaciones e incitaciones al odio” en vez de exigir cambios concretos.

Así va creciendo una ola de indignación que no parece tener freno. Lo que comenzó como un reclamo estudiantil local se está convirtiendo en un grito nacional por justicia, equidad y derecho a la conexión. Porque en pleno siglo XXI, estar desconectado no es solo una molestia: es una forma moderna de exclusión.

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