Bahamas le corta el grifo de dólares a la dictadura y anuncia el cierre total de los contratos de médicos cubanos en ese país

Redacción

Sudáfrica reconoce que entrega al Gobierno cubano casi seis millones de dólares anuales por el servicio de las brigadas médicas desde el inicio de la pandemia

El gobierno de Bahamas acaba de ponerle freno a uno de los negocios más oscuros del castrismo: la exportación de médicos como si fueran mercancía. Tras conversaciones con Estados Unidos, el ministro de Salud, Michael Darville, anunció que se cancelarán los contratos actuales con el régimen cubano y que, de ahora en adelante, los profesionales de la salud que quieran quedarse tendrán que firmar contratos directos con el Estado bahameño.

Así, sin tanto rodeo, se le cae otra columna al esquema de explotación que ha mantenido a la dictadura respirando a pulmón ajeno durante años.

“Quien no esté de acuerdo, que recoja y regrese a Cuba”, soltó Darville con claridad durante una intervención parlamentaria. Porque ya va siendo hora de que se acabe el relajo de que los médicos cubanos trabajen en el extranjero y no vean ni la mitad de lo que les pagan por su trabajo.

Un modelo de esclavitud moderna con bata blanca

Actualmente, apenas 35 profesionales cubanos prestan servicios en Bahamas. La mayoría no son médicos, sino técnicos de laboratorio, radiólogos e ingenieros. Aun así, el ministro fue claro: se acabó el uso de intermediarios, léase: se acabó hacerle el juego al castrismo, que les confisca el sudor y el sacrificio a estos profesionales.

Y no es casualidad este cambio. Bahamas lleva tiempo bajo la lupa de Washington, que no le quita el ojo a los acuerdos turbios entre La Habana y algunos gobiernos del Caribe, donde el régimen ha hecho de las misiones médicas su mina de oro.

La administración de Donald Trump, con figuras como Marco Rubio al frente, ha presionado fuerte para que se detengan estos mecanismos de trata disfrazada de “cooperación médica”. Una fachada que muchos gobiernos ya no están dispuestos a sostener.

Bahamas dijo basta: no más robo institucional

En mayo, el propio primer ministro de Bahamas, Philip Davis, confirmó que el país comenzaría a pagar directamente a los trabajadores cubanos, eliminando al régimen de la ecuación. Pero ni siquiera eso detuvo la maquinaria represiva de La Habana: varios excolaboradores aseguraron a Martí Noticias que el Estado cubano seguía obligando a los médicos a transferir el dinero a cuentas controladas por el gobierno, bajo amenaza de represalias contra ellos y sus familias.

Es decir, que aunque los pagos se hicieran de manera directa, el régimen encontraba la manera de meter la mano en el bolsillo. Como buen vampiro, nunca se sacia.

Por eso, Bahamas optó por cortar por lo sano. No más médicos enviados por el régimen. No más contratos con el gobierno cubano. No más complicidad con una dictadura que vive de explotar a su propio pueblo.

EE.UU. aprieta, y los aliados toman nota

Este giro también llega justo después de una reunión clave entre Davis y altos funcionarios del gobierno estadounidense. El tema central: la contratación de médicos cubanos y las sanciones impuestas por EE.UU. a quienes faciliten ese negocio inhumano.

Según la portavoz Keishla Adderley, la preocupación estadounidense no era otra que la que ha venido denunciando Rubio desde hace años: los médicos no son embajadores ni colaboradores, son víctimas de trata. El castrismo les roba sus ingresos, les restringe la libertad de movimiento, y los mantiene como rehenes políticos bajo una fachada de misión solidaria.

Estados Unidos estima que el régimen saca más de 4,900 millones de dólares al año por concepto de misiones médicas. Una cifra escandalosa que no se traduce en mejores condiciones para esos profesionales, ni mucho menos en calidad de vida para el cubano de a pie.

Se le achica el negocio al castrismo

Con esta decisión, Bahamas marca un precedente importante en la región. Y aunque La Habana se empeñe en vender el cuento de que sus misiones son altruismo puro, cada vez son más los gobiernos que reconocen la verdad: lo que el régimen llama “cooperación” no es más que otra forma de represión y control.

La cancelación de estos contratos es un golpe directo a una de las pocas fuentes de ingresos que le quedan a la dictadura. Y es, sobre todo, un acto de dignidad hacia quienes han sido usados durante décadas como peones en un tablero político donde ellos no tienen ni voz ni voto.

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