Mientras el régimen cubano sigue vendiéndose como “potencia médica y moral” ante el mundo, la realidad que sale a flote es bien distinta. En las calles de Luisiana, Estados Unidos, agentes de inmigración capturaron a cuatro ciudadanos cubanos con condenas penales por delitos serios que incluyen violación, robo, tráfico de drogas y fraude. Un verdadero catálogo de horror.
Los detenidos, identificados como Humberto Vargas López, Yulio Cervino Hernández, Yendry Morales y Jesús Acuña, fueron arrestados en operativos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que viene apretando tuercas bajo la administración republicana. ICE compartió la información públicamente a través de su cuenta en X (antes Twitter), y los nombres de estos sujetos no han pasado desapercibidos.
Humberto Vargas, por ejemplo, arrastra un historial tan largo como turbio: violación agravada, robo con violencia, agresión con arma, delitos de drogas y obstrucción de la justicia. Lo suyo no fue una “mala racha”, fue una carrera delictiva.
Yulio Cervino no se queda atrás. Entre otras perlas, se le acusa de tráfico de drogas, agresiones, varias DUIs, violar una orden de alejamiento y hurtos menores. A esto se suma Yendry Morales, condenado a más de dos años por contrabando de personas, y Jesús Acuña, vinculado a un fraude migratorio y matrimonio simulado. Toda una selección nacional de la criminalidad.
Los cuatro están detenidos y a la espera de ser deportados, aunque con Cuba eso no es tan sencillo. El castrismo se niega a recibir a sus propios delincuentes, como si no fueran hijos de su sistema.
La cifra no miente: más de 42 mil cubanos tienen orden de deportación en EE.UU., pero La Habana los ignora olímpicamente. Cuando no es conveniente, el régimen hace como que no los conoce. Pero cuando se trata de propaganda o de recibir remesas, ahí sí se acuerdan de que son “compatriotas”.
Mientras tanto, las autoridades migratorias estadounidenses siguen aplicando deportaciones exprés, sobre todo a quienes entraron en los últimos dos años y no han logrado legalizar su situación. Y el cerco se extiende incluso a quienes van, de buena fe, a sus citas de inmigración: los agarran, los procesan y los mandan de vuelta… si el país de origen los acepta.
Pero Cuba, como siempre, juega sucio. No quiere hacerse cargo de los que el sistema educó, empujó a la calle y después abandonó. En mayo, dos cubanos con historiales oscuros fueron enviados nada menos que a Sudán del Sur, ante la negativa de Cuba de recibirlos. Un ejemplo brutal del fracaso diplomático y moral del régimen.
Y para colmo, mientras estos casos ocupan titulares, el gobierno cubano no se pronuncia. Guarda silencio. No se responsabiliza. Prefiere seguir culpando al “bloqueo” de todos sus males y mostrando a la emigración como víctima… pero solo cuando conviene al discurso.
La otra cara de la moneda es que en Cuba, muchos de los que delinquen en el extranjero fueron empujados a la marginalidad por décadas de pobreza, represión y desesperanza. Y ahora, ni dentro ni fuera, encuentran un lugar.
