En un nuevo capítulo de la larga batalla migratoria en Estados Unidos, miles de cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses están luchando con uñas y dientes para no ser deportados, tras una movida que amenaza con echar abajo los permisos otorgados bajo el programa de parole humanitario lanzado en 2023.
La esperanza ahora se concentra en una Corte Federal de Boston, donde un grupo de beneficiarios y patrocinadores presentó una moción legal que podría cambiarlo todo. El objetivo es claro: frenar en seco la cancelación masiva de permisos de trabajo y permanencia.
Una moción que busca salvar hogares, trabajos y sueños
El recurso, impulsado por el Justice Action Center, pide una sentencia rápida que detenga la revocación de los beneficios migratorios concedidos por el programa, con la idea de proteger a quienes llegaron legalmente y han cumplido todas las reglas del juego.
“Si la jueza da luz verde, se congela la cancelación de permisos”, explicó Adela de la Torre, vocera del centro legal que representa a los migrantes. Esto, aunque sea temporal, significaría un enorme alivio para miles de familias que ya comenzaron a construir una vida en suelo estadounidense.
Lejos de querer cambiar las reglas del parole, la demanda busca agilizar el proceso para quienes aplicaron antes de que la administración Biden suspendiera el programa. Para muchos, esa pausa llegó justo cuando más se necesitaba una vía legal para migrar, sin riesgos ni traficantes.
Miles de vidas en el limbo
La situación no es solo legal, es profundamente humana. Muchas de estas personas ya tienen casas, empleos, hijos matriculados en la escuela y un pie firme en su nuevo país. Ahora, de un día para otro, les dicen que su estatus se acabó y que deben abandonar el país “por las buenas”, o enfrentar la deportación.
“Esto rompe el principio de buena fe”, dicen los abogados. Porque quienes llegaron con parole no lo hicieron por la izquierda, sino siguiendo al pie de la letra las reglas impuestas por el propio gobierno de EE. UU.
La demanda también solicita que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) resuelva urgentemente las solicitudes de parole que quedaron engavetadas antes del frenazo oficial. Según dicen los peticionarios, aunque el gobierno insinuó que están retomando el proceso, no hay ni calendario claro ni garantías para nadie.
De la ilusión al golpe: un programa truncado sin previo aviso
El parole humanitario nació en enero de 2023 como una solución para atender a migrantes de países sumidos en crisis brutales. Más de medio millón de personas fueron aceptadas legalmente, y solo de Cuba salieron unos 110 mil amparados por este mecanismo.
Pero el sueño duró poco. El pasado jueves, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la cancelación fulminante del programa para quienes ya estaban dentro del país. Sin tiempo para reaccionar, muchos recibieron un correo que les quitaba el estatus y les pedía abandonar el país “de forma voluntaria”.
¿Y si no lo hacían? La amenaza era clara: podrían ser detenidos y expulsados sin derecho a pataleo.
Un juicio que podría cambiar el juego
La demanda en Boston no solo intenta evitar la deportación inmediata de miles de personas. También representa una batalla simbólica por el respeto a quienes confiaron en una promesa legal del propio sistema migratorio estadounidense.
Aunque la incertidumbre sigue, este proceso judicial se ha convertido en un rayo de esperanza para quienes no buscan privilegios, sino respeto, seguridad y una vida digna bajo la ley.
Mientras tanto, cientos de familias cubanas y de otras nacionalidades esperan con el alma en vilo que la justicia les dé una oportunidad real. Porque si algo tienen claro es que no vinieron a pedir limosna: vinieron a aportar, a trabajar, a rehacer sus vidas con honestidad y esfuerzo. Y eso, en cualquier país serio, debería valer.
