El régimen cubano ha vuelto a desempolvar su arsenal de vigilancia con el Tercer Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas y las indisciplinas sociales. Bajo ese nombre largo y rimbombante, lo que se esconde es otro operativo masivo de control político, que estará en marcha hasta el sábado 28 de junio y que, como era de esperarse, está completamente dirigido desde el Partido Comunista y el Ministerio del Interior.
Desde su sillón refrigerado en el Palacio de la Revolución, Miguel Díaz-Canel dio la arrancada al show con su acostumbrado discurso vacío, pidiendo “creatividad” para aplicar el plan. Lo dijo rodeado de su élite, bien protegida del calor y del hambre que sufre el pueblo de a pie. Según los medios oficialistas, este operativo movilizará a medio mundo: desde organizaciones políticas y sociales, hasta medios de propaganda, inspectores estatales y supuestos “órganos de control popular”.
¿El objetivo real? Amarrar más corto al cubano.
Vigilancia, inspecciones y más represión
El operativo, presentado como una medida para “proteger a la sociedad”, incluye desde auditorías fiscales y revisiones energéticas, hasta visitas sorpresa a las casas de jóvenes que no estudian ni trabajan. Como si la culpa de la crisis fuera de los muchachos y no del desastre económico que ha sembrado el castrismo.
En paralelo, el régimen revivirá a los ya conocidos “destacamentos Mirando al Mar” —esas patrullas ideológicas que huelen más a espionaje que a seguridad—, junto a comités de vigilancia cederista y otras reliquias del control social de los años 80.
También pondrán la lupa sobre el sector privado, los precios, el consumo eléctrico y la evasión fiscal. Pero lo hacen no para fomentar el desarrollo o aliviar la crisis, sino para seguir criminalizando cualquier iniciativa independiente, especialmente las que escapan del control estatal.
Juicios públicos: el espectáculo de la represión
Una de las joyas de esta operación es la realización de juicios ejemplarizantes, una práctica retrógrada que viola garantías mínimas de debido proceso. Con estas puestas en escena, el régimen busca sembrar el miedo entre la población. Y mientras tanto, los organismos internacionales de derechos humanos siguen denunciando esta práctica punitiva, que parece salida de un manual de dictadura del siglo pasado.
Díaz-Canel ha insistido en que las acciones deben “adaptarse al contexto local” y que hay que centrarse en las zonas donde “las ilegalidades son más frecuentes”, lo cual en el lenguaje del castrismo casi siempre se traduce en barrios pobres, donde el hambre obliga a la gente a buscarse la vida como pueda.
Un “verano ordenado” a base de miedo
El pretexto que usan para justificar esta embestida represiva es garantizar “un verano tranquilo y ordenado”. Pero para el cubano de a pie, eso significa más colas, más inspectores, más multas arbitrarias y más presión para quienes tratan de sobrevivir al margen del control del Estado.
Este operativo se presenta como una continuación de uno similar realizado en marzo. Pero lo cierto es que aparece justo cuando la crisis en la isla ha tocado fondo, el desabastecimiento se vuelve insoportable y la inconformidad crece en las calles, aunque los medios del régimen traten de silenciarla.
Mientras tanto, la pregunta que muchos se hacen es evidente: ¿servirá esta cacería de “indisciplinas sociales” para arreglar algo, o solo se trata de otro truco para afianzar el control sobre un país que cada día aguanta menos?
Todo indica que, una vez más, el castrismo prefiere gobernar desde el miedo, en lugar de reconocer que la verdadera raíz del caos es su propio fracaso.
