En un operativo reciente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un cubano residente en Miami fue arrestado por delitos sexuales extremadamente graves contra menores, encendiendo las alarmas tanto entre las autoridades como en la comunidad local.
El detenido es Gaspar Minardo Velázquez Ávila, de 64 años, quien ya figuraba como delincuente sexual registrado en el estado de Florida. De acuerdo con el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el hombre enfrenta cargos por abuso lascivo y agresión sexual a menores de apenas 12 años, un acto espeluznante cometido por alguien mayor de 18.
Fue capturado en el condado de Miami-Dade, y según ICE, forma parte de lo que llaman “los peores de los peores”, en el marco de una política de “cero tolerancia” contra ofensores sexuales peligrosos. La base pública de ofensores sexuales del estado lo ubica en el suroeste de Miami, y ya se ha advertido a los vecinos sobre su historial criminal y la necesidad de reportar cualquier conducta sospechosa.
Una redada que no da tregua
Este no es un caso aislado. Las redadas federales se han intensificado en las últimas semanas, y muchos de los detenidos son ciudadanos cubanos con antecedentes penales de peso. Las autoridades estadounidenses están sacando del juego a individuos que representan un riesgo real para la seguridad pública, y lo están haciendo sin contemplaciones.
El 16 de junio, fue detenido en Miami Roberto Mosquera-Del Peral, un cubano de 58 años con historial por homicidio y agresión agravada a un agente policial. Y un día después, el 17 de junio, cayó Pedro Pérez Barrera, de 73, también cubano, acusado de agredir sexualmente a un menor de 12 años. Tenía una orden de deportación pendiente y fue etiquetado como “delincuente agravado”.
Pero el caso que más sacudió las redes fue el de Joan Gil, arrestado el 23 de junio en Phoenix, Arizona. Tenía una orden de deportación desde 2014 por tráfico de metanfetaminas. El mensaje que lanzó ICE al anunciar su captura fue claro y amenazante: “Autodepórtate antes de que te encontremos, y te encontraremos”. El tono desató una ola de críticas, aunque la agencia dejó claro que no va a suavizar su postura.
Deportaciones sin garantías ni avisos
Para agravar el escenario, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde al expresidente Donald Trump para reiniciar las deportaciones a terceros países, sin que los migrantes puedan presentar pruebas de los peligros que enfrentarían allí. Esta decisión, avalada por una mayoría conservadora (6-3), anuló una orden previa que ofrecía cierta protección a quienes temen persecución, tortura o incluso la muerte si son enviados de vuelta.
Cuba aparece en la lista negra, junto a países como Myanmar y México. Según se ha sabido, ya han comenzado deportaciones hacia lugares tan peligrosos como Sudán del Sur. Las juezas liberales del Supremo calificaron la medida como “una premiación a la ilegalidad”, alertando que “ahora se puede deportar sin aviso, sin defensa y sin compasión”.
Mientras tanto, el régimen cubano guarda silencio cómplice sobre los casos de sus nacionales deportados por crímenes violentos, y tampoco ofrece garantías reales a los repatriados. Muchos de los que regresan son simplemente abandonados, sin asistencia legal ni protección social, como si nunca hubieran existido.
Y aunque estos crímenes merecen todo el peso de la ley, también queda claro que el gobierno cubano no tiene ni la capacidad ni el interés en proteger a sus propios ciudadanos ni dentro ni fuera de la Isla. En medio del caos migratorio, la justicia norteamericana avanza sin freno, mientras La Habana ni ve, ni oye, ni responde.
