En plena crisis económica y con el país al borde del colapso social, el régimen cubano vuelve a desempolvar uno de sus métodos más antiguos para infundir miedo: los llamados “juicios ejemplarizantes”. Este martes, el Tribunal Provincial Popular de La Habana organizó dos audiencias —una por narcotráfico y otra por robo con violencia— y, como ya es costumbre, lo anunciaron a bombo y platillo en sus redes sociales.
Bajo el disfraz de “respetar el debido proceso”, estos montajes judiciales buscan algo muy distinto a la justicia: mandar un mensaje de advertencia al pueblo, en un contexto en el que la delincuencia crece, sobre todo en la capital, pero también la inconformidad, la rabia y las ansias de cambio.
¿Quiénes fueron los acusados? ¿Qué pruebas hubo? ¿Qué penas se impusieron? Nadie lo sabe. No se revelaron nombres, ni rostros, ni siquiera detalles mínimos sobre los casos. Pero eso sí, el tribunal se apuró en resaltar lo “ejemplar” de las sanciones. Ya eso nos da la medida del circo: el objetivo no es impartir justicia, sino escarmentar públicamente.
Mano dura con los de abajo, silencio con los de arriba
En Cuba, la llamada justicia penal se aplica con vara gruesa y mano selectiva. Mientras el pueblo sufre penas durísimas por delitos comunes, los corruptos de cuello blanco, bien conectados con el Partido y el poder, siguen robando en las sombras, impunes y blindados.
Los llamados juicios ejemplarizantes son una vieja artimaña del castrismo para tapar el sol con un dedo. Aparecen siempre que la olla de presión social está a punto de explotar: apagones que duran más de lo humanamente tolerable, inflación salvaje, hospitales colapsados y jóvenes desesperados por huir de la Isla.
¿Y qué hace el régimen? Apunta al ladrón de celular, al consumidor de “químico” o al que vendió una jabita de marihuana, y los convierte en villanos nacionales. Así intentan desviar la atención de los verdaderos criminales: los que hundieron al país en esta ruina.
La farsa continúa: redadas, juicios relámpago y represión
Este espectáculo represivo se enmarca en el llamado Tercer Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas y las indisciplinas sociales —una operación de corte militar que incluye inspecciones, auditorías, vigilancia popular y castigos públicos. Todo, como siempre, bajo la mirada vigilante del Partido Comunista y con el beneplácito de Miguel Díaz-Canel, que dirige el show desde el Comité Central como si se tratara de una telenovela de terror.
La campaña, que se extiende hasta el 28 de junio, no tiene nada de justicia ni de seguridad ciudadana. Es una exhibición de fuerza, diseñada para aplastar cualquier brote de rebeldía, y hacer sentir a la ciudadanía que el Estado lo ve todo, lo castiga todo y que no hay lugar para la protesta.
Represión bajo legalidad: castigos sin compasión
Como parte de esta cruzada, en Matanzas se pidieron penas de 8 y 9 años para dos jóvenes acusados de consumir y transportar la droga conocida como “el químico”, una sustancia popular entre jóvenes desesperados por escapar mentalmente de la realidad.
En Santiago de Cuba, la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado sentenció a otro ciudadano a ocho años por llevar dos bolsitas de marihuana escondidas en los genitales. La captura, según la causa 53 de 2025, ocurrió en julio de 2024. Aunque parezca un error temporal, en Cuba eso también es “normal”.
Mientras tanto, los verdaderos bandidos —los que vaciaron las arcas del país y condenaron a generaciones enteras a vivir sin futuro— siguen sueltos y disfrutando de privilegios.
El régimen necesita enemigos visibles, y los fabrica si hace falta. Así se mantiene el control en un país donde la justicia no se imparte, se ordena. Y donde el miedo todavía es la herramienta preferida del poder.
