En otra escena más del teatro represivo del castrismo, el Tribunal Provincial Popular de La Habana condenó a un ciudadano a 20 años de cárcel por transportar un aire acondicionado que venía, supuestamente, cargado con más de un kilo de cocaína líquida. El aparato había llegado desde el extranjero y fue interceptado en plena calle. Pero lo más escandaloso no fue el contenido del paquete, sino el uso descarado del caso como “espectáculo judicial”, transmitido en horario estelar por la televisión oficialista.
En el show montado por Canal Caribe, se repitió como letanía que todo se hizo “respetando el debido proceso”. Pero, como es costumbre bajo este sistema, ni se reveló el nombre del acusado, ni se explicó con claridad cómo, cuándo ni dónde fue interceptado el equipo. Solo importaba el titular: castigo ejemplar, sin contexto, sin debate, sin defensa. Mano dura, a secas.
Para rematar, la audiencia del juicio estuvo repleta de personas con libertad condicional por delitos similares. Un circo punitivo en toda regla, con el fin de atemorizar a la gente en lugar de educar o prevenir. La justicia en Cuba, una vez más, reducida a una función propagandística, como si se tratara de un sketch siniestro.
Y esto no es un hecho aislado. Hace poco, en Cienfuegos, un joven llamado Noel Bibeaux Muñoz fue sentenciado a ocho años de prisión por fabricar y vender sustancias sintéticas, los llamados “químicos”. El régimen le dio el mismo tratamiento: exposición pública, condena rápida y una narrativa agresiva que apunta más a reforzar el control social que a resolver el problema de fondo.
Porque el problema es profundo. El consumo de drogas en Cuba ha crecido en silencio, en las sombras de barrios abandonados por el Estado, entre jóvenes sin opciones ni futuro. Durante años, el régimen minimizó o negó esta realidad. Ahora que el descontrol es evidente, quieren taparlo con mano dura y discursos huecos.
En vez de atender las raíces del asunto —miseria, colapso institucional, desesperanza generalizada— prefieren castigar con saña para dar lecciones públicas. Pero ¿a quién creen que engañan? Esto no es justicia, es oportunismo represivo. Es el mismo cuento viejo de siempre: cuando las cosas se salen de control, el régimen saca los dientes, no para proteger al pueblo, sino para mantenerlo en silencio.
Esta nueva oleada represiva no es casual. Coincide con el llamado Tercer Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito. Bajo el mando del Partido Comunista y el MININT, se ha lanzado una ofensiva que mezcla auditorías, operativos, “vigilancia popular” y juicios públicos. Una coreografía bien ensayada que intenta maquillar una crisis nacional que ya es insostenible.
Mientras la economía se desangra, la gente huye, los apagones revientan barrios enteros y la inflación se come el salario, el régimen responde con shows mediáticos. A falta de soluciones, montan juicios.
Pero las organizaciones de derechos humanos lo tienen claro: este tipo de justicia escenificada solo conduce al abuso, a la desproporción y al atropello legal. Lejos de resolver el problema, lo agravan, porque cada condena injusta es otra piedra más en el descrédito del sistema judicial cubano.
En definitiva, la dictadura intenta tapar con represión su fracaso estructural. Pero ya nadie se traga ese cuento. Ni dentro ni fuera de la Isla.
