En plena debacle económica y con el país patas arriba, el régimen cubano saca a pasear su viejo libreto de “tolerancia cero” con un nuevo episodio de justicia espectáculo. Esta vez, el escenario fue Santiago de Cuba, donde una mujer venezolana de 64 años fue condenada por tráfico de drogas durante un juicio que se promocionó más como propaganda política que como proceso penal real.
La Fiscalía Provincial fue la encargada de difundir el veredicto a través de Facebook, resaltando lo que ellos llaman el “carácter ejemplarizante” del caso, con bombos y platillos como si estuvieran hablando de una victoria épica contra el crimen. Pero basta raspar un poco para ver que, más que justicia, lo que hubo fue otro acto público al servicio del control estatal.
Justicia a lo cubano: más miedo que verdad
La sentencia —dictada por la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, como si se tratara de una espía internacional— forma parte de la causa 59 del 2025, y se enmarca en el famoso “tercer ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento al delito”. Un operativo que, dicho en buen cubano, no es más que otra movida para aparentar que están enfrentando algo, mientras todo se sigue cayendo a pedazos.
Aunque no se dijo exactamente cuántos años de prisión le cayeron encima a la ciudadana venezolana, las autoridades no se cansaron de repetir que el proceso servía para “enviar un mensaje claro”. Pero el mensaje más claro lo recibió el pueblo: el régimen necesita circo porque ya no tiene pan.
Díaz-Canel y su show de control total
El juicio no fue un hecho aislado. Se inscribe dentro de una campaña masiva de “limpieza social” impulsada esta semana por el Partido Comunista, el Ministerio del Interior y demás estructuras del aparato represivo. Dicen que es para combatir delitos, corrupción e indisciplina, pero en la práctica es una cortina de humo para tapar la grave crisis estructural del país.
La operación —dirigida desde las alturas por Miguel Díaz-Canel— incluye desde auditorías fiscales hasta inspecciones energéticas, sin olvidar los famosos “juicios públicos”, esos que se venden como “legales” pero que más bien recuerdan a los tribunales populares de épocas oscuras.
En La Habana, por ejemplo, este martes también se celebraron dos juicios más por drogas y robo con violencia, todos presentados con pomposidad, como si estuvieran salvando al país de una invasión extranjera. La narrativa es la misma de siempre: apretar la tuerca al ciudadano de a pie mientras los peces gordos siguen nadando en impunidad.
La justicia selectiva del castrismo
El régimen cubano siempre ha sido rápido para montar tribunales cuando le conviene. Pero la pregunta es: ¿por qué no se ven estos mismos juicios “ejemplarizantes” para los que roban desde el poder, para los que hunden hospitales, o para los que trafican influencias desde el Partido?. Porque en Cuba, la ley se aplica con bisturí: al opositor, al extranjero pobre, al cubano sin padrino… a esos les cae con todo.
Mientras tanto, los verdaderos delincuentes del sistema —esos que saquean los recursos del país, que se dan vida de millonarios mientras el pueblo revuelve calderos vacíos— nunca pisan un tribunal.
