En pleno 2025, con el país sumido en una crisis alimentaria brutal, el régimen cubano vuelve a demostrar dónde pone su puño de hierro: sobre el pueblo hambriento. Esta vez, el blanco fue un par de ciudadanos del municipio de Guáimaro, en Camagüey, que acabaron condenados a seis años de prisión por matar y vender carne de res sin permiso estatal.
El llamado juicio ejemplarizante, celebrado con bombo y platillo por las autoridades, fue presentado como una victoria del orden, cuando en realidad es otra escena absurda de esta tragedia nacional disfrazada de justicia revolucionaria. Los acusados fueron detenidos por transportar 181 libras de carne vacuna, interceptadas durante un operativo nocturno cerca de la Carretera Central.
Según el guion que repite el oficialismo en cada caso similar, la carne fue rastreada hasta una vivienda en la cooperativa Triunfo de la Revolución (vaya nombrecito), donde la policía encontró un cuchillo ensangrentado y ropas manchadas. El Departamento Técnico Investigativo (DTI) se anotó el mérito del “descubrimiento” y el diario Adelante, como siempre, se prestó para el show mediático.
Pero lo verdaderamente grave es que el tribunal aplicó el artículo 316 del Código Penal como si se tratara de un acto terrorista: seis años sin libertad, más la prohibición de salir del país y la pérdida de derechos ciudadanos. Todo porque, en una Cuba donde no hay ni croquetas, alguien intentó poner proteína en la mesa.
El gobierno justifica esta barbarie alegando que el sacrificio de ganado afecta “la economía estatal”. ¿Qué economía, caballero? Si las vacas están flacas, el campo abandonado y la gente resolviendo con lo que pueda y como pueda porque no hay más remedio.
Este circo legal se enmarca en el Tercer Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas y las indisciplinas sociales, una de esas campañas teatrales que lanza el régimen cada cierto tiempo para que parezca que están en control. En realidad, es puro teatro represivo.
La represión no se detuvo ahí. Ese mismo 23 de junio, el gobierno de Díaz-Canel arremetió también contra jóvenes acusados de consumir una droga llamada “el químico”, pidiendo penas de 8 y 9 años de cárcel. ¿Consumidores tratados como narcos? Así de surrealista se ha vuelto el día a día en la isla.
En La Habana, otro juicio terminó con un ciudadano condenado a 20 años por recibir un aire acondicionado con droga líquida dentro. Y en Santiago de Cuba, otro cubano se llevó 8 años por un delito vinculado a estupefacientes, mientras que en Guantánamo, tres hombres del poblado La Caridad de los Indios fueron sentenciados a 17, 20 y 25 años por robarle a un campesino.
Y como si no bastara, en Granma, otro juicio “ejemplarizante” condenó a un ciudadano por haber enfrentado a dos agentes del orden. No importa si fue por hambre, desesperación o miedo. El mensaje está claro: en Cuba, el Estado te aplasta si te sales del guion.
Todo esto ocurre bajo la batuta del Partido Comunista, que sigue usando los tribunales como una extensión de su garrote. Los juicios públicos no son justicia, son advertencias disfrazadas. En tiempos donde el pueblo no tiene ni qué desayunar, encarcelar a quien mata una vaca para alimentar a su familia no es justicia, es sadismo de Estado.
La carne es delito. La protesta, subversión. Y la miseria, política oficial.
