En la Cuba de hoy, sacar un celular y grabar una cola puede costarte años tras las rejas. Ese es exactamente el caso de Julio César Duque de Estrada Ferrer, un cubano de 55 años que lleva preso desde el 5 de septiembre de 2024, todo por atreverse a filmar una larga fila de personas desesperadas por comprar gas licuado en Santiago de Cuba.
Según denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), este ciudadano fue arrestado tras un encontronazo con un oficial de la Seguridad del Estado, quien al parecer no soportó que alguien documentara uno de los tantos rostros de la miseria cotidiana en la isla. El oficial en cuestión, Mario Raciel Soulary Garcés, le ordenó a Duque que dejara de grabar y entregara su teléfono. A partir de ahí, los hechos se tornaron turbios, como siempre que hay uniforme de por medio.
La versión oficial —esa que nadie cree pero que el régimen impone— dice que Julio César se negó a guardar el teléfono, se puso “violento”, abofeteó al agente y terminó tirando el móvil al piso. De ahí, fue reducido con un alambre, como si fuera un delincuente peligroso, hasta que llegaron más patrullas para llevárselo.
Pero el OCDH lo desmiente con fuerza: no hubo agresión alguna, solo represión brutal, como tantas otras veces en esta isla donde la libertad de expresión es puro cuento. Según la organización, el oficial le arrebata el teléfono con violencia sin provocación alguna, y todo esto responde a la vieja táctica de criminalizar a quien denuncia lo que el régimen no quiere que se vea.
Para rematar el absurdo, la Fiscalía pide cinco años y medio de prisión, además de suspenderle sus derechos civiles y políticos y prohibirle salir del país. Todo esto por grabar una cola. Sí, así de frágil es el poder de quienes gobiernan desde el miedo y la censura.
El expediente de la Fiscalía incluye supuestos informes médicos del oficial, un testimonio de un testigo parcial y un peritaje psiquiátrico que más bien parece una excusa para desviar el foco del verdadero crimen: grabar una escena que retrata la decadencia nacional. Y como si no bastara con el castigo, se resalta que Julio César no tenía antecedentes penales, no pertenecía a organizaciones políticas y había expresado opiniones contrarias al régimen. Ahí está la clave de todo.
“Rechazamos de manera enérgica esta actuación arbitraria de la policía política”, expresó el OCDH, dejando claro que lo que ocurrió con Duque de Estrada es una violación directa al derecho a informar y documentar lo que sucede en espacios públicos. Porque grabar no es un delito, lo criminal es silenciar la verdad.
Y como si la historia no doliera ya lo suficiente, hay un detalle más: Julio César es padre del preso político Dairon Duque Estrada Aguilera, detenido por manifestarse en el histórico 11J. O sea, dos generaciones de una misma familia en prisión, solo por pensar diferente.
Hoy, Julio César sigue en prisión preventiva, esperando un juicio que ya está contaminado por la política y la sed de castigo. Mientras tanto, el régimen deja claro que la cámara es más peligrosa que un arma, y que decir la verdad cuesta libertad. En una isla donde grabar una cola es subversivo, la represión se disfraza de justicia y el miedo lo dictan a golpe de togas y toletes.
