En un nuevo capítulo del teatro judicial al estilo castrista, el Tribunal Provincial Popular de Holguín acaba de imponer una condena de ocho años de cárcel a un cubano acusado de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor. El juicio, celebrado esta semana, fue parte del llamado “Tercer Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito”, una operación masiva de control social disfrazada de campaña de legalidad.
Según el medio oficialista ¡Ahora!, la vista oral —realizada en la Sala Primera de lo Penal— cumplió con “todas las garantías jurídicas” que el régimen asegura tener, aunque todos sabemos que en Cuba el sistema judicial no responde a la ley, sino a los dictados del poder.
Pero lo más revelador no es la condena en sí, sino el subtexto. La justicia no busca justicia: busca dar el “escarmiento”. Así lo deja claro el medio estatal al justificar la sentencia como un acto “profiláctico”, con el propósito de advertir a otros posibles “delincuentes” sobre las consecuencias de desafiar las reglas del sistema. En otras palabras: el mensaje es “atrévete y verás”.
El Código Penal cubano castiga con extrema dureza cualquier intento de acceder a carne de res por fuera del monopolio estatal. Y aunque este tipo de delito se ha vuelto común, en realidad no nace de la maldad ni de la avaricia: es el reflejo directo del hambre y la desesperación de un pueblo abandonado a su suerte, mientras la cúpula gobernante vive a cuerpo de rey.
Ni una palabra dijo la prensa oficialista sobre las circunstancias de este acusado, ni sobre las razones que lo empujaron a romper la ley. Lo que sí enfatizó fue la supuesta “efectividad” de mostrarlo como ejemplo ante la sociedad. Una escena más del circo represivo que el régimen activa cada vez que siente que pierde el control.
Este no es un caso aislado. Bajo el manto del mencionado “ejercicio nacional”, el régimen está llevando a cabo una ofensiva legal sin precedentes. Condenas desproporcionadas, juicios públicos y operativos de vigilancia se están desplegando por toda la isla con el claro objetivo de apretar las tuercas al pueblo, en medio de la crisis económica más profunda de las últimas décadas.
El 23 de junio, por ejemplo, dos jóvenes en Matanzas fueron sentenciados a 8 y 9 años de cárcel simplemente por consumir y transportar una droga conocida como “el químico”, mientras en La Habana otro ciudadano recibió 20 años de prisión por transportar un aire acondicionado contaminado con cocaína líquida, enviado desde el exterior.
En Camagüey, Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma, los tribunales están funcionando como vitrinas del castigo extremo, con condenas de hasta 25 años de cárcel, muchas veces sin pruebas públicas suficientes y en procedimientos acelerados, más cercanos a linchamientos legales que a procesos judiciales legítimos.
Lejos de enfrentar las verdaderas causas del problema —el hambre, la escasez, la falta de oportunidades—, el régimen responde con miedo, represión y castigo. Mientras tanto, la gente en la calle sobrevive como puede, y muchos se ven obligados a delinquir para comer, arriesgándose a terminar tras las rejas por querer alimentar a su familia.
Lo que estamos viendo no es justicia: es represión legalizada. Una estrategia desesperada de un sistema que ya ni convence ni contiene, y que solo sabe mantenerse en pie sembrando el miedo. Pero ese miedo, como la carne, también empieza a escasear. Y eso, para el castrismo, es una señal peligrosa.
