En medio del sofocante calor de Tapachula, Chiapas, tres migrantes cubanos decidieron plantarse frente a la sede del Instituto Nacional de Migración (INM) y declararse en huelga de hambre. ¿El motivo? El eterno peloteo burocrático que los tiene varados, sin papeles, sin trabajo y sin respuestas.
Ilainez Jiménez, su hijo Luis y la cubana Otmara Bustamante ya cuentan con un fallo de un juez federal mexicano a su favor. El documento exige al INM que regularice su situación migratoria en un plazo de 10 días. Sin embargo, como es costumbre en estos procesos llenos de trabas, las autoridades siguen pateando la pelota, ignorando el dictamen judicial y dejando a estas personas en el limbo.
“Hemos venido hasta cuatro veces y siempre es lo mismo: que regreses mañana, que vuelvas la semana que viene, que esperes en tu casa”, cuenta Luis Jiménez visiblemente agotado. “Ya perdimos trabajos, hemos vivido situaciones feas… Y por eso hoy nos plantamos aquí y no pensamos irnos hasta que nos atiendan”, afirmó mientras sostenía un cartel con el mensaje: Queremos vivir legal.
Otmara Bustamante, sobreviviente de un cáncer de mama, también alzó la voz: “Yo lo que quiero es trabajar, pero sin papeles nadie me contrata. Solo quiero una oportunidad de hacer mi vida aquí dignamente.”
El abogado que los representa, José Luis Pérez Jiménez, fue directo al grano al denunciar lo que muchos temen decir en voz alta: “Aquí hay corrupción en la entrega de visas, sobre todo en la frontera sur. Muchos trámites se resuelven solo si hay dinero de por medio, y eso deja a cientos de migrantes a la deriva.”
Una situación que se repite y se agrava
Tapachula ha sido durante años el primer obstáculo para miles de migrantes cubanos que buscan establecerse en México o seguir rumbo a Estados Unidos. Según cifras oficiales, mientras en los primeros cuatro meses de 2024 llegaron unos 13,000 migrantes por mes, en 2025 esa cifra ha caído drásticamente a menos de 2,000 mensuales. Aun así, el aparato burocrático del INM sigue atascado, sin capacidad ni voluntad política de procesar los casos con humanidad.
La mayoría de los migrantes en espera, como estos tres cubanos, sobreviven trabajando “por la izquierda”, sin contratos, sin seguro y cobrando miserias. Quienes logran encontrar algún sustento lo hacen como ayudantes en tiendas, limpiando casas o levantando bloques en obras de construcción. Todo esto por apenas 1,500 o 2,000 pesos al mes, cuando no menos.
“Es duro aguantar así, sin derechos, sin estabilidad y sin saber qué va a pasar mañana”, dijo Luis, mientras sus palabras resonaban con la misma angustia de miles de cubanos atrapados en esta odisea migratoria.
Lo que debería ser un proceso justo y ágil, se ha convertido en un calvario legal y emocional. Y, una vez más, son los más vulnerables quienes pagan el precio de la indiferencia y el desorden institucional.
Desde el borde sur de México, los gritos de estos cubanos resuenan como un eco de lo que han vivido desde que salieron de la isla: una lucha constante contra el abandono, el abuso y el olvido.
