En Bahía Honda, Artemisa, se destapó otro de esos cuentos que parecen sacados de una novela policial barata, pero que en Cuba ya se han vuelto parte de la vida diaria. Esta vez el escenario fue un punto de venta de gas licuado en el Consejo Popular Silvio Caro, donde el jefe del lugar decidió armar su propia película: un robo ficticio para tapar un desfalco bien real.
Según contó el perfil oficialista “Artemisa No Se Calla”, que suele defender al régimen pero a veces no puede ocultar los trapos sucios, el supuesto robo fue solo una pantalla. Los 40 cilindros de gas “desaparecidos” no se los llevó ningún ladrón encapuchado en la madrugada, sino que fueron desviados por el mismo encargado del punto, con ayuda de varios socios.
Tres personas ya están detenidas, entre ellas el cerebro del montaje, y han confesado que todo fue un montaje para desviar el combustible y venderlo por la izquierda. Hasta ahora, solo se han recuperado 20 de los tanques, y la policía sigue buscando el resto, además de posibles nuevos cómplices.
El método fue simple pero efectivo: simularon un robo con fuerza para justificar la falta del producto, una artimaña muy usada en este país donde la escasez se ha vuelto terreno fértil para el desvío de recursos estatales.
Lo que queda claro con este caso es que el mercado negro del gas licuado está que arde en Cuba, donde conseguir una balita para cocinar se ha vuelto casi misión imposible. La corrupción no solo vive en las altas esferas, sino que salpica cada rincón donde hay algo que pueda venderse por fuera.
Desde el mismo régimen, el discurso oficial intenta lavarse las manos: llaman a la población a colaborar con denuncias anónimas y a “no tolerar este tipo de delitos”. Pero cuando el hambre aprieta y el salario no da ni para una libra de arroz, ¿a quién quieren engañar?
No es la primera vez que ocurre algo así. En junio, otra red que robaba y revendía balitas fue desarticulada en Sancti Spíritus. En ese caso, según informó el MININT, dos sujetos se encargaban de robar las balitas por la noche, y otros dos las revendían en el municipio cabecera y en la comunidad de Meneses. Las vendían, por supuesto, a precios que nadie con salario estatal podía pagar.
La falta de control real, la impunidad y la miseria han convertido estos “robos con fuerza” en negocios organizados. Pero mientras se detiene a tres o cuatro chivos expiatorios, los grandes responsables de la debacle energética y económica del país siguen tranquilos en sus burbujas de privilegio.
Así funciona el sistema: el pueblo revienta por la escasez, mientras la corrupción se camufla en simulacros de justicia. Y al final, los de abajo son los que siguen sin gas… ni esperanza.
