Si eres inmigrante y te convertiste en ciudadano americano pensando que ya estabas a salvo… ¡agárrate! Porque Donald Trump acaba de soltar una bomba que tiene a medio mundo con los pelos de punta. Resulta que quiere iniciar un proceso masivo para quitarle la ciudadanía a miles de inmigrantes naturalizados en Estados Unidos. Sí, aunque ya tengas tu pasaporte azul y hayas cantado el himno, podrías terminar fuera. Y ojo, que en estados como Louisiana ya hay antecedentes de esto.
La última movida de Trump va directo al corazón de su política migratoria: ahora su blanco son los ciudadanos naturalizados. Bajo nuevas directrices del Departamento de Justicia (DOJ), el expresidente busca dejar sin ciudadanía a personas que entren en nada menos que diez categorías consideradas “de prioridad” por las autoridades. ¡Diez!
¿Y quién está detrás de este nuevo embrollo legal? Pues nada más y nada menos que Brett A. Shumate, fiscal general adjunto, quien firmó un memorando que suena casi a amenaza. Ahí se ordena a la División Civil del DOJ “perseguir al máximo los procedimientos de desnaturalización en todos los casos permitidos por la ley y respaldados por las pruebas”.
El asunto se complica porque, a diferencia de los procesos penales, las acciones de desnaturalización son civiles. Es decir, no garantizan que tengas derecho a un abogado, y la carga de prueba es mucho más baja. Así que, con menos evidencia, podrían arrebatarte la ciudadanía. Muchos expertos legales ya están levantando banderas rojas sobre lo peligroso que es esto.
¿Y a quiénes les puede caer el martillo? Las nuevas normas apuntan a personas con vínculos con terrorismo, espionaje o tráfico de tecnología, implicados en crímenes de guerra, tortura o ejecuciones extrajudiciales, miembros de pandillas y redes de narco, condenados por delitos violentos o sexuales, trata de personas, fraudes en programas como Medicare, Medicaid o PPP, o quienes ocultaron información relevante en su proceso migratorio. También caen bajo la lupa quienes tengan causas penales pendientes. Y por si fuera poco, dejan la puerta abierta para ir tras cualquier otro caso “a discreción” del DOJ. ¡Así, bien amplio!
Steve Lubet, profesor emérito de Derecho en la Universidad Northwestern, fue tajante: “Muchas de las categorías son tan vagas que carecen de sentido. Ni siquiera está claro a qué se refieren”. O sea, que esto podría ser terreno fértil para arbitrariedades.
Para muestra, un botón: ahí está el caso de Elliott Duke, exmilitar nacido en Reino Unido, que perdió su ciudadanía el pasado 13 de junio tras descubrirse que había ocultado una condena por distribución de material de abuso sexual infantil. El DOJ lo puso como ejemplo de cómo se aplicarán estas nuevas reglas.
Pero ojo, que esto no se queda solo en desnaturalización. El DOJ también está metido en cuatro batallas más: demandas contra ciudades santuario, investigaciones sobre tratamientos de afirmación de género por posible fraude, litigios contra políticas de diversidad e inclusión (las famosas DEI), y un refuerzo de medidas contra el antisemitismo.
Este viraje tan radical ha provocado una auténtica estampida de abogados del gobierno. Según NPR, el 70 % del personal de la División de Derechos Civiles ha dimitido solo en los primeros cinco meses de este año. ¡Casi nada!
Lo preocupante es que en Estados Unidos viven unos 25 millones de ciudadanos naturalizados, que ahora temen convertirse en una especie de “ciudadanos de segunda clase”, con menos protección que quienes nacieron en suelo americano. Como explicó Sameera Hafiz, del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes: “Es una forma de, en cierto modo, intentar crear una segunda clase de ciudadanos”.
Y mientras esto se cuece, ICE ya ha reportado su decimotercera muerte bajo custodia en este año fiscal, reflejando el ambiente de mano dura que se respira en el sistema migratorio.
Ni siquiera las instituciones están a salvo. El pasado 28 de junio, el rector de la Universidad de Virginia, Jim Ryan, renunció en medio de una investigación sobre programas DEI, mostrando cómo este endurecimiento de políticas está calando en todos los sectores.
La gran alarma entre abogados y defensores de derechos humanos es que estas nuevas normas no solo van contra delincuentes peligrosos. La amplitud y vaguedad de las categorías abre la puerta a decisiones arbitrarias que podrían arruinarle la vida a personas que, hasta ayer, se sentían seguras y plenamente estadounidenses.
Como dice Cassandra Robertson, profesora de Derecho: “La carga de prueba es menor y se puede llegar más rápido a una conclusión en estos casos”. O sea, todo más fácil… pero no necesariamente más justo. Para muchos inmigrantes, el famoso sueño americano acaba de volverse mucho más incierto. ¡Así está el patio!
