Un cubano identificado como C.R.L., con un historial de delitos graves por fraude bancario y lavado de dinero en Estados Unidos, será deportado a México luego de que el régimen cubano se negara a aceptarlo, según reportó la cadena WRBL, afiliada a CBS en Georgia.
Este caso no solo pone sobre la mesa la fragilidad del sistema migratorio, sino que deja al descubierto la doble moral del castrismo, que mientras por un lado proclama que acepta a sus nacionales, por otro bloquea selectivamente el retorno de aquellos que le resultan incómodos.
Después de cumplir más de tres años de cárcel en una prisión federal, C.R.L. fue puesto bajo custodia migratoria con una orden final de deportación. Pero como Cuba le cerró la puerta, el hombre quedó varado durante meses en un limbo legal: encerrado, sin país y sin esperanza.
“Un caso sacado de Alicia en el País de las Maravillas”, así lo describió el juez Clay D. Land, quien presidió el proceso desde la Corte del Distrito Medio de Georgia. El cubano presentó un recurso de habeas corpus para exigir su liberación mientras aparecía un país dispuesto a recibirlo, pero fue rechazado de plano. México, a través de sus acuerdos de cooperación migratoria con EE.UU., dio el paso al frente y aceptó al deportado.
La decisión, según el juez, no puede ser cuestionada por su tribunal. “No tenemos jurisdicción para frenar la deportación ni para decidir a qué país se le envía. Eso es asunto de las cortes migratorias”, dejó claro en su sentencia. Al mismo tiempo, subrayó lo absurdo de la situación: “Un hombre entra ilegal, comete delitos, su país no lo quiere de vuelta, se queja de estar preso y encima no quiere ir al único lugar que lo acepta”.
Este episodio resalta un patrón cada vez más evidente: La dictadura cubana dice una cosa frente a las cámaras y hace otra en la práctica. A pesar de que en marzo de este año el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, juró en la Mesa Redonda que Cuba estaba dispuesta a recibir deportados “siempre que se respeten los acuerdos”, la negativa en este y otros casos —como el del reguetonero Chocolate MC, cuya orden de deportación sigue engavetada desde 2022— evidencia una manipulación selectiva y política del retorno de sus ciudadanos.
Los datos son claros, pero el cinismo del régimen aún más. Mientras enarbolan discursos de soberanía, le dan la espalda a sus propios ciudadanos si eso conviene a sus intereses políticos.
La decisión de EE.UU. fue respaldada por figuras clave del exilio y la política estadounidense, como los congresistas Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, y la activista Rosa María Payá, quienes reconocieron que casos como este exigen mano firme contra las contradicciones del castrismo.
Así, una vez más, la dictadura demuestra que ni siquiera asume responsabilidad por los suyos, si eso le implica reconocer fracasos o aceptar a alguien que pueda incomodar. Para los que caen en desgracia con el régimen, la nación que los vio nacer ya no existe: solo queda el silencio de una celda o el pasaje sin retorno a un tercer país.
