Para Liadys Madrazo, el anhelado sueño de reunir a su familia en Estados Unidos terminó siendo un trago amargo, cargado de burocracia, sospechas y una decisión tan absurda como injusta. A pesar de haber hecho todo «por la izquierda», cumpliendo cada paso legal del programa de reunificación familiar, su caso acabó con un portazo en la cara. ¿La razón? Su papá trabajó para una empresa estatal en Cuba.
“Lo hicimos bien, siguiendo las reglas… y aun así nos castigan”, lamenta Liadys, con esa mezcla de impotencia y rabia que conocen bien miles de cubanos atrapados en el limbo migratorio. Mientras su mamá, ama de casa de toda la vida, recibió la visa sin problemas, a su padre lo atajaron con un formulario inquisidor para confirmar si había militado en el Partido Comunista.
Pasaron 14 meses de espera, y lo que debía ser el inicio de una nueva vida en familia terminó en una negativa rotunda.
El caso de Liadys no es una excepción. Cada vez más familias cubanas están topándose con la misma muralla invisible: el pasado laboral en instituciones estatales como el Ministerio de Salud, Educación o cualquier otra dependencia del régimen. Médicos, enfermeros, maestros, técnicos… personas que simplemente ejercían sus profesiones, sin discursos, sin pancartas, sin lealtades políticas.
La abogada Joana Soler, del conocido bufete de Willy Allen en Miami, lo confirma: al menos siete familias que representa han recibido respuestas similares en los últimos meses. En todas ellas, el mismo patrón discriminatorio. La etiqueta de “ex comunista” parece ahora usarse como excusa para truncar procesos legales, incluso cuando ni siquiera hay pruebas de militancia real.
Y aunque USCIS ha sugerido a algunos afectados presentar el famoso formulario I-601 —una especie de “perdón” por inadmisibilidad— esto solo alarga la agonía y no garantiza resultados.
Lo que debió ser un final feliz lleno de abrazos, se convierte así en una novela kafkiana de papeles, rechazos y apelaciones sin rumbo. Andy Leal, un joven cubano que lleva años en EE.UU., esperó más de dos años para traer a su mamá. Pero cuando llegó la hora de la verdad, le negaron la visa por supuestos vínculos con el Partido Comunista.
Una acusación que, además de falsa, es cruel e injusta, según cuenta Mayra Jiménez García, su madre, desde La Habana: “Nunca he sido comunista. Solo quiero estar con mi hijo”, dice con la voz hecha pedazos.
La respuesta que recibió en la embajada fue tan seca como lapidaria: “Se prohíbe la emisión de una visa a un extranjero que sea o haya sido miembro o afiliado al Partido Comunista u otro partido totalitario”.
Pero en esta nueva ola de negaciones, ni siquiera hace falta haber militado. Muchos han sido rechazados solo por haber trabajado en una escuela, un hospital o cualquier centro estatal. Otros, sin filiación alguna, igual caen bajo la sombra de la sospecha.
Para Andy, el golpe es doble: años de sacrificio, entrevistas, gastos, trámites… y al final, la nada. “Nos separan con una mentira, y lo único que pedimos es justicia. Que alguien escuche, que miren bien nuestro caso”, reclama indignado.
En medio del colapso del sistema cubano, donde trabajar para el Estado no es un privilegio sino una obligación para sobrevivir, penalizar a familias por un pasado forzado es un absurdo que duele. Es otro muro, otro bloqueo —esta vez burocrático y silencioso— que castiga al ciudadano de a pie mientras los verdaderos cómplices del castrismo siguen viajando, invirtiendo y moviéndose libremente por el mundo.
¿Hasta cuándo el peso del régimen caerá sobre los hombros equivocados?
