En otra muestra del desprecio del régimen por la salud del pueblo, las autoridades de la Empresa Provincial Productora de Alimentos (EPPA) en Villa Clara reconocieron públicamente que están utilizando harina vencida y plagada de moho para hacer el pan de la canasta básica. Así, sin pena ni vergüenza, lo admitieron en una carta oficial enviada a las bodegas del territorio el 3 de julio de 2025.
La misiva deja claro que las harinas estaban pasadas de fecha desde mayo y junio. Y como si fuera poco, también se encontraban en un estado deplorable: plagadas de insectos, mal almacenadas, y estropeadas por el calor, condiciones que provocaron olores desagradables, sabores ácidos y hasta una textura gomosa, según análisis de laboratorio realizados por la ONIET (Oficina Nacional de Inspección Estatal de la Tecnología).
Pero nada de eso impidió que el pan siguiera saliendo del horno rumbo a las mesas más humildes de la provincia.
El pueblo, entre el hambre y el asco
A pesar de saber que están repartiendo un producto en mal estado, la empresa insiste en seguir utilizándolo, alegando que no hay otra harina disponible. El resultado es un pan que parece más un castigo que un alimento: arrugado, reseco, con manchas sospechosas y un olor que espanta.
EPPA advirtió, además, que la pesadilla continuará hasta que se agoten las existencias deterioradas. O sea, hasta que el pueblo se coma todo el veneno autorizado por carta.
Las redes sociales ardieron con denuncias, críticas e indignación. “Ese pan ni para los puercos, y nos lo están dando a nosotros”, escribió un internauta molesto, exigiendo responsabilidad penal ante un riesgo sanitario evidente.
Especialistas han alertado que aunque el horno mate los microbios, las toxinas que sueltan ciertos hongos no desaparecen con el calor. Esas sustancias pueden provocar enfermedades graves, sobre todo en niños y ancianos, que —para colmo— son los únicos que pueden comprar el pan normado.
La ley solo aprieta si no eres del Estado
Muchos comparan esta impunidad con el castigo que enfrentan los negocios privados si venden un producto vencido. “A un cuentapropista le meten una multa o le cierran el local, pero al Estado le basta con una carta para justificar el abuso”, escribió un usuario indignado.
Otros se preguntan dónde están los organismos de control, esos mismos que son tan rápidos para fiscalizar al ciudadano común. ¿Y el Partido? ¿Y Higiene y Epidemiología? Bien gracias, mirando para otro lado mientras la salud pública peligra.
No es la primera vez que se denuncia esta situación. Ya en mayo se había levantado la voz sobre el estado de la harina, pero nadie en el poder movió un dedo. Ahora que la cosa ha estallado en redes, han hecho algunas inspecciones por la libreta, detectando violaciones en el pesaje del pan. Y como siempre, lo único que prometen son “acciones disciplinarias”.
Nadie sancionado, nadie responde
Desde EPPA dicen que se han implementado controles internos y que se tomarán medidas contra quienes no cumplan con los protocolos. Pero hasta el sol de hoy, ningún funcionario ha sido sancionado públicamente, ni se ha retirado el pan contaminado de circulación.
El pueblo, mientras tanto, sigue en la disyuntiva de siempre: comer basura o no comer nada. Para muchos cubanos, este episodio es una radiografía del país: miseria institucionalizada, abandono estatal y un sistema que le ha perdido el respeto al ser humano.
Porque si en algo se resume este drama es en una idea que cada vez se repite más en la calle: en Cuba, sobrevivir se ha vuelto un acto de resistencia diaria… incluso contra el pan.
