El Ministerio del Interior en Granma ha salido corriendo a cerrar más territorio costero, en un intento por frenar el creciente fenómeno de recalos de drogas en las costas de Pilón y Niquero. El anuncio, divulgado por la prensa oficialista CNC TV, informa que se amplía la zona de acceso restringido desde la Ensenada del Toro hasta la Ensenada La Campana, incluyendo una milla náutica hacia el mar.
¿La razón? Demasiada gente hurgando entre las olas buscando droga que llega flotando y que luego se revende en los circuitos ilegales que, como todos sabemos, florecen a la vista gorda del poder.
Según el comunicado, la medida se ampara en el Acuerdo 24/2025 del Consejo de Gobierno Provincial, y señala una lista de puntos de referencia con nombres que parecen sacados de una novela de aventuras, pero que hoy se han convertido en zona militarizada bajo excusa de “seguridad”. Cualquiera que entre sin permiso se expone a sanciones según la Resolución 135 de 2024, firmada por el Ministerio de las FAR.
Pero más allá del lenguaje técnico y los mapas que nadie ve, lo que esta acción confirma es un viejo secreto a voces: el narcotráfico en Cuba está descontrolado y el régimen no tiene cómo pararlo sin militarizar el país entero.
La zona oriental, en particular el litoral sur de Granma, lleva años siendo punto caliente para estas actividades. La población local —cansada de la miseria, la represión y los salarios que no alcanzan ni para un pan viejo— ve en esos recalos una oportunidad, aunque sea ilegal, de llevar comida a la mesa.
Hace poco se reportó cómo una tonelada de droga fue recogida por cubanos en distintas playas orientales. No fue una operación secreta, fue algo tan abierto y visible que las propias autoridades se vieron obligadas a montar shows de incautación para no quedar en ridículo.
El problema va más allá de la gente buscando “el paquetico”. También están los botes abandonados en condiciones sospechosas, las embarcaciones caseras y los intentos desesperados por aprovechar cualquier entrada marítima. Según datos oficiales, en lo que va de año se han confiscado al menos once embarcaciones vinculadas al tráfico marítimo irregular.
Y mientras el pueblo sobrevive como puede, el régimen se lava las manos y militariza lo que no puede controlar. En lugar de ofrecer alternativas reales o atacar las raíces de este fenómeno —la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción institucional— prefieren encerrar la costa como si el problema se fuera a disolver en el agua.
Para colmo, la prensa oficial evita mencionar el verdadero trasfondo: que muchas de estas rutas también son utilizadas por redes más grandes, que a menudo operan con total impunidad, mientras el pueblo raso se lleva la peor parte. Aquí no hay igualdad ante la ley ni combate frontal al crimen. Hay represión para los pobres y silencio para los cómplices.
