Un cubano de 55 años ha sido sentenciado a nueve años de prisión por vender marihuana en Santiago de Cuba. La condena, dictada por el Tribunal Provincial, vuelve a poner sobre la mesa la política de tolerancia cero que impone el régimen cubano frente al consumo y tráfico de drogas, aunque muchas veces se trate de cantidades que en otros países ni siquiera justificarían una multa.
Según reportó la televisión oficial, el juicio se celebró en la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado —sí, leyeron bien: Seguridad del Estado— como parte de la causa 64 del 2025. El hombre fue interceptado el 26 de septiembre de 2024 con 230 gramos de cannabis sativa dentro de una mochila, mientras transitaba por una calle de Palma Soriano. Compraba la yerba en ese municipio y la revendía en su casa en la ciudad de Santiago.
Además de la pena principal, el tribunal ordenó quitarle sus derechos civiles, impedirle salir del país y confiscarle todo, desde el dinero hasta la droga. Un castigo ejemplarizante, como lo calificó la prensa oficialista, en el marco del “Tercer Ejercicio Nacional contra el delito, la corrupción y las indisciplinas sociales”, esa cortina de humo con la que el régimen pretende tapar la verdadera raíz de la crisis.
Pero mientras el gobierno se llena la boca hablando de “combate al delito”, la realidad del cubano de a pie es otra. En un país donde no hay trabajo digno, ni comida, ni oportunidades, muchos se ven obligados a buscarse la vida como pueden. Y ahí es donde entra la hipocresía del sistema: castigan con mano dura a quienes cultivan o venden un poco de marihuana, mientras los verdaderos corruptos y represores siguen intocables y disfrutando de privilegios.
Mientras en medio mundo se debate la despenalización del cannabis, en Cuba te caen con todo por menos de un cuarto de kilo. ¿Nueve años por eso? Es un escándalo. Pero el régimen necesita mostrar fuerza, necesita meter miedo, necesita convertir a los tribunales en herramientas para disciplinar a un pueblo cansado, hambriento y cada vez más rebelde.
Santiago de Cuba se ha convertido en el nuevo laboratorio represivo del castrismo en materia de drogas. Hace poco, en Sigua, detuvieron a un hombre con 950 matas de marihuana y 19 mil semillas sembradas en su patio. Las autoridades celebraron el operativo como una “muestra del trabajo conjunto del MININT con la población consciente”. Claro, la misma población a la que tienen sumida en la miseria, pero que ahora debe jugar al soplón.
En otra escena surrealista, un santiaguero fue arrestado por sembrar marihuana en botellas de ron cortadas. Dijo que había sembrado “lo que tenía”, dejando claro que la desesperación en Cuba no distingue entre legal o ilegal. Mientras tanto, una ciudadana venezolana de 64 años también fue sentenciada por tráfico de drogas, en otro juicio más que sirve para engordar la propaganda oficial, pero nunca para abordar las causas reales del problema.
Y como si fuera poco, un joven de apenas 23 años fue condenado a ocho años por andar con 20 gramos de marihuana envuelta en papel bombón. Otro se llevó 12 años por intentar trasladar cocaína desde La Habana. Todos estos casos fueron juzgados en la misma sala, la que usan para los “delitos contra la Seguridad del Estado”. Porque, al parecer, en Cuba vender marihuana es igual que conspirar contra la dictadura.
Todo esto responde a un mensaje que el régimen quiere dejar bien claro: aquí no hay espacio para matices, ni para justicia social. Aquí solo hay castigo, escarmiento y control. Pero lo que muchos se preguntan —y con razón— es: ¿cuánto tiempo más vamos a seguir aceptando que encarcelen a nuestra gente por intentar sobrevivir en medio de un sistema que lo único que reparte es pobreza y represión?
En Cuba, cultivar una mata puede costarte casi una década tras las rejas, mientras los verdaderos culpables del desastre nacional siguen campantes, blindados por la impunidad del poder. Y eso, señores, no es justicia. Es abuso. Y es dictadura pura y dura.
