El gobierno de Estados Unidos volvió a meterle el dedo en la llaga al castrismo este viernes, al sumar 11 hoteles cubanos a su Lista de Alojamientos Prohibidos, como parte de un nuevo paquete de sanciones que apunta directamente al aparato económico militar del régimen. Entre los sancionados destaca la lujosa Torre K, ese rascacielos de cristal que La Habana vende como símbolo de “progreso”, mientras el pueblo anda en chancletas y sobreviviendo con pan por la libreta.
En declaraciones exclusivas al Miami Herald, funcionarios de Washington no dejaron espacio para la ambigüedad: estas propiedades están conectadas con GAESA, el pulpo empresarial controlado por los militares cubanos, considerado por muchos como el corazón financiero del castrismo.
El mensaje fue claro: no más dólares de turistas para llenar las arcas de quienes reprimen, encarcelan y silencian al pueblo cubano. Esta jugada forma parte del contexto del cuarto aniversario del 11J, ese estallido social que el régimen trató de borrar a golpes, pero que sigue latiendo con fuerza en la memoria del país.
Aunque no soltaron la lista completa, trascendió que varios proyectos “estrella” de La Habana entraron en la guagua de las sanciones, como Torre K, promocionada hasta el cansancio como emblema de “modernidad” mientras los hospitales colapsan y el hambre se pega como el calor.
Turismo de fachada, represión por dentro
Según Washington, la idea es cortar el grifo de ingresos que fluye desde el turismo hacia las estructuras represivas del régimen. Y esto va más allá de lo simbólico: se busca disuadir a empresas extranjeras que hoy coquetean con el castrismo mientras hacen negocios con instalaciones levantadas sobre escombros de dignidad.
Estas sanciones se suman a otras medidas anunciadas el mismo día, entre ellas la prohibición de entrada a EE.UU. del títere mayor Miguel Díaz-Canel, junto al ministro de Defensa Álvaro López Miera y el ministro del Interior Lázaro Álvarez Casas, todos acusados de estar embarrados hasta el cuello en la represión del 11J. Ni ellos ni sus familiares podrán pisar suelo estadounidense, aunque bien que les encanta ir de compras a Miami mientras en Cuba se forman colas de cinco horas por un pomo de aceite.
Una política que aprieta donde duele
La administración estadounidense, que ha endurecido su postura contra el castrismo tras el aumento brutal de la represión, apunta ahora con más precisión a donde más le duele al régimen: el bolsillo.
Según cifras del grupo Justicia 11J, más de 1,500 cubanos han sido arrestados por motivos políticos desde julio de 2021, y muchos siguen presos, víctimas de juicios sumarios, sin defensa ni justicia. Esta realidad ha sido denunciada por organizaciones internacionales que no compran el cuento de la “soberanía” cuando se usa como escudo para violar derechos humanos.
Una advertencia para quienes aún hacen negocios con dictadores
Washington también dejó claro que el que negocie con GAESA, negocia con la dictadura. Estas sanciones llegan en un momento crítico, cuando el régimen busca desesperadamente reflotar el turismo como salvavidas económico, mientras el pueblo sigue atrapado en una crisis que no tiene fondo.
Además, la Casa Blanca recordó que desde febrero está activado el Título III de la Ley Helms-Burton, que permite demandas legales contra empresas que se beneficien de propiedades confiscadas por el régimen. Y para rematar, se actualizó la Lista Restringida de Cuba, donde ahora aparece también la empresa Orbit, S.A., acusada de manipular el envío de remesas para alimentar las entrañas del aparato militar cubano.
En resumen: Estados Unidos ha dejado claro que no está dispuesto a hacerse el de la vista gorda mientras los dólares del turismo extranjero terminan pagando uniformes y toletes. Mientras tanto, en Cuba, la Torre K brilla como vitrina para extranjeros, mientras el pueblo vive entre apagones y ruinas. Porque en la isla del “socialismo próspero”, el lujo es para los de arriba… y el sufrimiento, para todos los demás.
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