El senador estadounidense Marco Rubio volvió a alzar la voz este viernes para dejar claro que Estados Unidos no va a quedarse de brazos cruzados ante la represión que el régimen cubano ha desatado contra su pueblo. En el cuarto aniversario del histórico estallido social del 11 de julio de 2021, Rubio anunció con firmeza que las puertas del país están cerradas para Miguel Díaz-Canel y su camarilla.
“Estamos restringiendo las visas de figuras clave del régimen cubano”, escribió el legislador en su cuenta oficial en X, señalando directamente a Díaz-Canel, al ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y al ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas.
La medida no es un gesto simbólico. Es una sanción migratoria real, respaldada por la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado para el año fiscal 2025. Esta disposición prohíbe la entrada a suelo estadounidense a todo aquel que esté implicado en actos de corrupción o violaciones graves de derechos humanos, como los que protagonizó el régimen durante y después del 11J.
Rubio fue directo y sin rodeos: “Estas acciones buscan responsabilizar a los cabecillas del régimen por su papel en la brutalidad contra el pueblo cubano”. Y es que el 11 de julio de 2021 no se olvida: miles de cubanos salieron a las calles con el grito de “Libertad” y recibieron como respuesta palos, balas y prisión.
A las sanciones personales se suma otra medida que toca el bolsillo de la élite castrista. El Departamento de Estado incluyó la Torre K, ese hotel de lujo en pleno Vedado que parece un insulto en medio del hambre, en su Lista de Alojamientos Prohibidos en Cuba. A esa lista también entraron otras diez propiedades vinculadas a GAESA, el pulpo militar que maneja la economía de la isla como si fuera una finca privada.
“Mientras el pueblo cubano sufre escasez de alimentos, agua, medicinas y electricidad, el régimen prodiga dinero a sus infiltrados”, denunció Rubio, retratando la miseria de una dictadura que gasta millones en lujo para unos pocos mientras la mayoría sobrevive entre apagones y colas infinitas.
Estas nuevas sanciones no surgen de la nada. Se suman a las ya impuestas por el presidente Joe Biden, que en su momento también señaló a López Miera y Álvarez Casas por sus roles claves en la represión brutal del 11J. Según datos de la organización Justicia 11J, más de 1,500 personas fueron arrestadas en esas jornadas, muchas de ellas sometidas a juicios sumarios y condenas desproporcionadas.
Hasta el momento, el régimen cubano no ha emitido una respuesta oficial. Pero ya sabemos cuál es su libreto: llamar “injerencia” a cualquier intento de justicia, hacerse las víctimas, y seguir blindando el poder a costa del sufrimiento popular.
La realidad es que la presión internacional sobre La Habana no afloja, sino que crece. Cada nueva sanción, cada voz que se une, rompe un poco más el cerco del silencio que el castrismo intenta imponer. Porque aunque ellos pretendan que nada pasa, el mundo está mirando… y tomando nota.
