Mientras el gobierno cubano se llena la boca hablando de “ordenamiento territorial” y “planes de desarrollo”, la realidad golpea con más fuerza que cualquier consigna: en la Cuba de hoy, hay casi mil barrios que ni siquiera existen oficialmente en los papeles. Y peor aún, más de la mitad de ellos no cuentan con el más mínimo reconocimiento legal.
Así lo soltó, sin mucho escándalo, el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU), que admitió esta semana que hay 961 focos de asentamientos ilegales. De ese total, 513 están completamente fuera del radar oficial y otros 379 sobreviven en condiciones precarias, como si la miseria tuviera que esperar a ser regularizada para ser atendida.
Los números no mienten… pero el gobierno sí disimula
Los datos fueron expuestos durante una de las comisiones previas al circo parlamentario de la Asamblea Nacional. Lo dijeron casi en voz baja, como si no quisieran que el país se enterara de que el modelo cubano de justicia social hace agua por todos lados.
Detrás de cada “foco ilegal” hay familias enteras que han tenido que levantar cuatro bloques con lo que aparezca, en terrenos que ni les pertenecen ni están habilitados. ¿Y qué hace el Estado? Nada. O peor: te reprende por construir sin permiso mientras no te da ni una opción real para vivir con dignidad.
La libreta sí llega, el trabajo no
Según las cifras que compartieron, más del 60% de los que viven en estos barrios “ilegales” tiene libreta de abastecimiento. Es decir, para el racionamiento sí cuentan. Pero cuando se trata de empleo, apenas el 17% está vinculado laboralmente. El resto vive al día, inventando, sobreviviendo en un sistema que los empuja a la informalidad y luego los castiga por ello.
Muchas de estas personas vienen de otras provincias. Huyen de la miseria del campo o del abandono de zonas rurales, solo para encontrarse en las ciudades con más burocracia, más obstáculos y cero soluciones.
Luz con pinzas, agua a medias y techo sin ley
Más de la mitad de estas casas tiene electricidad, algunas tienen teléfono fijo y otras usan servicios públicos “por la izquierda”. Y claro, como eso no está en regla, el propio gobierno los acusa de afectar la sostenibilidad del sistema, como si la culpa fuera del pueblo y no del Estado que los ha empujado a vivir así.
¿Y la solución? Nadie sabe, nadie responde
La viceprimera ministra Inés María Chapman, con su voz pausada y su sonrisa de cartón, dijo que “hace falta educación, asesoramiento y programas de regularización”. Palabras bonitas que no tapan los huecos en el techo ni llenan los tanques de agua.
Chapman también soltó una pregunta que parece escrita por un guionista de humor negro: “¿Por qué los actores de una comunidad carecen de programas para construir viviendas?”.
La respuesta es sencilla, Inés: porque el régimen ha fracasado rotundamente en garantizar un derecho tan básico como un techo seguro. Porque en vez de facilitar, obstruyen. Porque llevan más de una década sin cumplir con los planes de construcción de viviendas. Porque ustedes han gobernado con los ojos cerrados y el corazón cerrado también.
Más marginalidad, menos soluciones
En lugar de disminuir, la informalidad crece a pasos agigantados, alimentada por una crisis económica que no da tregua y por un gobierno que prefiere mirar para otro lado mientras la gente levanta casuchas entre escombros. Cada barrio ilegal que surge es un grito de auxilio, una señal de que el Estado ha abandonado su función básica: servir a su pueblo.
El régimen insiste en que “nadie queda desamparado”. Pero ahí están los datos, y ahí están los barrios, creciendo como cicatrices en un país que cada vez se parece menos a esa postal que el poder intenta vender al mundo.
