Entre aplausos en el Parlamento y titulares festivos en la prensa oficialista, el régimen cubano acaba de anunciar su más reciente “logro jurídico”: una nueva Ley del Registro Civil que, entre otras reformas, permite el cambio legal de identidad de género a solicitud personal. Un paso que, en apariencia, suena progresista… pero que viene cargado de contradicciones históricas y cinismo político.
Según el gobierno, esta norma busca “modernizar” y “potenciar” el trabajo del Registro Civil en la isla. Lo que no dicen es que llega con décadas de atraso, y como parte de una estrategia desesperada por maquillar su imagen ante la comunidad internacional, especialmente en un contexto de creciente aislamiento y crisis económica.
La ley introduce, además del cambio de género, otras modificaciones como la libre elección del nombre, la reorganización del sistema registral bajo el Ministerio de Justicia, y la creación de una base de datos nacional digital. Todo suena muy moderno y estructurado, pero en un país donde ni el pan llega con regularidad, hablar de firma digital y bases electrónicas es casi ciencia ficción.
Desde los medios estatales se insiste en que este sistema será “eficiente, automatizado, gratuito y universal”, pero el pueblo sabe que cuando el régimen promete agilidad y orden, lo que llega es más burocracia, trabas y “te fuiste sin papel”.
Uno de los puntos que más llaman la atención en esta ley es su enfoque en “la perspectiva de género” y “la atención a personas vulnerables”, como si de pronto el Estado que durante décadas persiguió y marginó a los homosexuales y trans estuviera redimido y dispuesto a protegerles.
Pero la memoria histórica no se borra con decretos. Las generaciones que vivieron los años oscuros de las UMAP –esos campos de trabajo donde el castrismo encerró a jóvenes homosexuales, religiosos y “desviados ideológicos”– aún tienen muy claro quién fue el verdugo y quién la víctima.
La ironía es brutal: el mismo sistema que les humilló, les expulsó de universidades, les negó trabajos y les marcó de por vida, ahora se presenta como garante de sus derechos. El oportunismo político disfrazado de inclusión social.
Por más que el régimen quiera presentarse como “abierto” y “diverso”, la realidad es que los derechos siguen siendo selectivos, las libertades condicionadas y la represión bien aceitada. En Cuba, ni siquiera hace falta hablar de política para recibir una visita del DTI.
El pueblo, que sobrevive entre apagones, hambre, colas interminables y salarios que no alcanzan para un cartón de huevos, observa con escepticismo esta avalancha de leyes “avanzadas” que en nada cambian el sufrimiento diario.
La nueva Ley del Registro Civil podrá sonar bonita en el papel, con todos sus tecnicismos, digitalizaciones y promesas de justicia. Pero mientras el mismo aparato de poder que arrasó con las libertades individuales siga intacto, cualquier avance será solo fachada.
