La maquinaria represiva del régimen cubano volvió a girar este 21 de julio, cuando el Tribunal Supremo Popular ratificó la cadena perpetua impuesta a Yusniel Tirado Aldama, un joven de apenas 27 años acusado de matar a un policía y herir gravemente a otros dos durante un incidente que sigue envuelto en sombras.
El hecho, ocurrido en la madrugada del 5 de junio de 2020, sacudió a la estación policial de Calabazar, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. En pleno toque de queda por la pandemia, y tras ser multado con 3 mil pesos por andar sin nasobuco, Tirado —según la versión oficial— irrumpió en el cuartel cuchillo en mano, atacando sin piedad a los agentes que dormían.
Entre los heridos, el oficial Yoannis Rodríguez Rivero, de 34 años, no vivió para contarla. Murió tras recibir una puñalada fatal en el cuello. Otros dos agentes también resultaron con heridas graves. El agresor escapó del lugar, pero fue capturado horas después por la policía. A pesar del hermetismo habitual del régimen, los detalles comenzaron a filtrarse por redes sociales, donde la versión oficial perdió terreno frente a la desconfianza general.
El juicio contra Tirado se celebró en septiembre de 2020 y fue casi una puesta en escena de castigo ejemplar: asesinato, tentativa de asesinato, robo con violencia, portación ilegal de armas, hurto y daños. Nada faltó en la lista. Aunque la defensa apeló la decisión, el Tribunal Supremo —como era de esperarse— la desestimó, alegando “la gravedad extraordinaria del hecho” y su “impacto social”.
La dictadura necesita mártires y monstruos. Y en este caso, utilizó ambos extremos para fortalecer su narrativa. La justicia cubana, lejos de operar con transparencia o equidad, actúa como un engranaje más del poder político. Las penas no solo castigan a individuos, también lanzan advertencias al pueblo entero: “No te atrevas”.
En paralelo, también fue procesado Alejandro Ramos Pardo, acusado de encubrir el crimen y de tenencia ilegal de armas. Recibió una condena de un año de prisión. Otro peón en un tablero donde el régimen siempre mueve las piezas a su favor.
El caso ha vuelto a la luz pública tras la ratificación de la sentencia, avivando la polémica sobre la falta de garantías procesales en Cuba y el uso político de la justicia. En un país donde el sistema judicial no es independiente, donde el debido proceso es letra muerta y donde los tribunales responden a las órdenes del Partido, este tipo de condenas perpetuas no son justicia… son escarmiento.
Y así, el régimen vuelve a vestir de legalidad su sed de control, mientras la verdadera violencia —la institucional, la impune— sigue campante por toda la Isla.
