En una nueva muestra del cinismo y la represión del régimen cubano, este lunes fue detenido en Matanzas Alfredo González, el padre del joven Annier González, quien se quitó la vida en 2021 durante el infame Servicio Militar Obligatorio (SMO). Su “delito”: atreverse a señalar al oficial que —según ha denunciado con pruebas y dolor desde hace meses— hostigó y maltrató a su hijo hasta empujarlo al suicidio.
La detención fue confirmada por la profesora e intelectual Alina Bárbara López Hernández, quien denunció en Facebook que Alfredo ha sido instruido de cargos por “desacato”, esa etiqueta gastada que la dictadura usa para castigar a quienes se atreven a alzar la voz.
Lleva más de 30 horas encerrado en la estación de Playa, sin acceso a abogado, mientras su esposa espera afuera sin poder hacer mucho más que ver cómo la injusticia se repite.
¿Qué hizo Alfredo? Lo mismo que cualquier padre con alma y dignidad: exigir justicia, denunciar públicamente en redes sociales que el militar implicado en el acoso a su hijo ahora lo acusa a él de amenazas. “Vino la policía a mi casa porque el compañerito jefe de la previa que abusó de mi hijo me está acusando de que lo amenacé”, escribió poco antes de ser arrestado. “A qué límite llegan estas personas miserables… Voy para la policía”, concluyó en un mensaje que ya quedará marcado como testimonio del atropello.
Desde la muerte de su hijo, Alfredo se convirtió en una voz poderosa contra el SMO, un sistema que exhibe a menores cubanos como carne de cañón, sin derechos, sin protección y sin voluntad propia. Su activismo ha sido valiente, pacífico y totalmente legal: ha compartido cartas, videos, denuncias y hasta hizo un juramento sobre la tumba de su hijo: “no pararé hasta que se haga justicia”.
Y eso, para el castrismo, es imperdonable.
En febrero, González reafirmó su lucha dentro del grupo de Facebook “No más VÍCTIMAS en el servicio militar en Cuba”, donde se acumulan testimonios de padres que han perdido a sus hijos entre cuarteles y misiones suicidas impuestas por la maquinaria militar. Muchos recuerdan con rabia lo ocurrido en el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas, donde reclutas sin preparación fueron lanzados al fuego como si fueran prescindibles. O la reciente explosión en Melones, Holguín, que volvió a llenar de luto a familias jóvenes.
Cuba entera sabe que el SMO no es más que un castigo obligatorio, una manera de someter a los jóvenes al control del aparato castrense. Pero decirlo en voz alta es otra historia. Y por eso Alfredo hoy está preso.
El argumento oficial es que amenazó a un oficial. Pero quienes conocen a Alfredo, como la propia Alina Bárbara, saben que eso es un disparate. “Es un hombre pacífico. Ha llevado su caso por vías legales. Esta acusación es una farsa más para que no denunciemos la tragedia que se sufre en este país”, escribió en su publicación.
La detención de González es parte de un patrón sistemático: el régimen no solo ignora las muertes en sus unidades militares, sino que criminaliza a quienes exigen respuestas. Si alguien denuncia una negligencia, una paliza o una muerte sospechosa, enseguida lo tachan de traidor, de provocador, de “desacatador”.
Pero la verdad es otra: el verdadero desacato es silenciar a quienes luchan por justicia, mantener intacto un sistema que sigue cobrando vidas jóvenes, y castigar el duelo como si fuera delito.
Hoy Alfredo González representa el dolor de muchos padres cubanos. Su voz, aunque la quieran encerrar, ya forma parte del clamor que exige el fin del servicio militar obligatorio y de toda esta maquinaria criminal que destruye familias y sepulta futuros.
