Un tribunal en la provincia de Granma acaba de dictar una de esas sentencias que solo se explican en el absurdo sistema judicial cubano: un ciudadano fue condenado a ocho años de prisión por portar marihuana. Sí, ocho años tras las rejas, como si se tratara de un peligroso capo internacional. Todo por andar con un simple envoltorio encima.
El arresto ocurrió en el reparto Camilo Cienfuegos, en la ciudad de Bayamo. Según informó CNC TV Granma en Facebook, agentes del orden lo sorprendieron con el paquete en plena calle, y de ahí lo mandaron directo al banquillo de los acusados. El caso fue juzgado por la Sala I de lo Penal del Tribunal Provincial Popular, bajo el expediente número 111 de este 2025, y en tiempo récord lo sentenciaron a ocho años, con sus “sanciones accesorias” incluidas. Todo bien maquillado bajo la excusa del “debido proceso”.
La fiscal jefa de Granma, Alina Medina Friman, fue quien confirmó el castigo. Para ella, el fallo es una prueba de que el régimen está “endureciendo” su política contra las drogas. Pero detrás del show legalista, lo que hay es una estrategia represiva y selectiva, donde el régimen castiga con dureza al cubano común mientras los peces gordos siguen operando desde las sombras.
Este caso se enmarca dentro del nuevo capítulo de la “guerra contra las drogas” en Cuba, donde el gobierno intenta aparentar control mientras las drogas sintéticas siguen colándose por todos los poros del sistema. Especialmente los llamados cannabinoides químicos, un tipo de sustancia que se disfraza como marihuana pero que es altamente tóxica y peligrosa. Ya se han reportado casos de convulsiones, episodios psicóticos y hasta muertes por su consumo.
Esta semana, el Tribunal Supremo Popular sacó otro dictamen para endurecer todavía más las sanciones, incluso si el acusado apenas tiene en su poder menos de una libra de la sustancia. Como siempre, la represión primero y la prevención… nunca.
El régimen insiste en mostrar estos juicios como ejemplos de su “mano dura”. Pero la realidad que vive el pueblo cubano va por otro carril muy distinto. En cada barrio hay historias de familias arrastradas por las redes del narcotráfico, adolescentes enganchados a cualquier cosa que los saque un rato del infierno diario, y comunidades enteras perdiendo el rumbo mientras el gobierno sigue jugando a los tribunales ejemplarizantes.
En vez de ofrecer programas de rehabilitación, educación o alternativas reales para los jóvenes, la dictadura responde con cárcel, silencio y castigo. Y lo más cínico es que mientras encarcelan a alguien por un poco de yerba, las verdaderas mafias que mueven sustancias en La Habana y otras ciudades gozan de impunidad, conexiones y protección.
