Una nueva tragedia sacude a La Habana: una mujer identificada como Kenia fue asesinada este domingo en Luyanó, un barrio popular de la capital cubana, presuntamente a manos de su pareja, quien la lanzó desde la azotea del edificio donde vivían. El crimen ha estremecido a los vecinos de la calle Rodríguez, quienes aseguran que la víctima llevaba años sufriendo violencia doméstica.
Según testimonios recogidos por el medio independiente 14ymedio, el agresor tenía antecedentes de comportamiento violento. “Ese hombre no era normal, siempre borracho, siempre dándole golpes”, confesó una vecina del barrio que conocía a la pareja. Muchos sabían del infierno que vivía Kenia, pero como suele pasar en Cuba, el silencio y el miedo reinan.
Las autoridades habrían detenido al presunto asesino, aunque la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y los medios estatales —como ya es costumbre— no han ofrecido versión oficial alguna. El silencio del régimen ante estos hechos ya no sorprende a nadie. Mientras tanto, las redes sociales se han convertido en el espacio donde se denuncia lo que el gobierno calla. La cineasta Belvega Belmonte escribió en su perfil de Facebook: “¡¡¡Acaba de matar a su esposa el chapista que estaba trabajando en mi auto!!! ¡¡¡Feminicidio 22 de este año!!! ¿¿¿Hasta cuándo???”. Aunque no reveló el nombre de la víctima, los detalles coinciden con lo ocurrido en Luyanó.
De confirmarse, este sería el feminicidio número 22 en lo que va de 2025 en Cuba, una cifra alarmante que refleja una realidad desgarradora. Las plataformas independientes YoSíTeCreo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas ya habían registrado 21 asesinatos de mujeres por razones de género, además de un intento de feminicidio y el asesinato de un hombre vinculado a violencia de género.
La cifra podría ser aún más alta. El Observatorio Cubano sobre Igualdad de Género (OCIG), un órgano estatal que apenas publica datos cuando no tiene más remedio, informó que en 2024 se concluyeron procesos judiciales por el asesinato de 76 mujeres mayores de 15 años. Aunque no lo dicen con todas sus letras, la mayoría de estos crímenes encajan perfectamente en la definición de feminicidio. Pero en lugar de llamarlo por su nombre, el régimen prefiere enredarse en términos como “violencia de género extrema” o “homicidio por razones de género”, evitando el término que tanto incomoda al poder.
De los 76 asesinatos judicializados, 55 fueron cometidos por parejas o exparejas, mientras que 21 provinieron de personas conocidas por la víctima. El patrón es evidente, pero la falta de voluntad política para enfrentarlo también lo es.
Desde 2019, los observatorios independientes han logrado confirmar 267 feminicidios en Cuba, pese a las trabas impuestas por el sistema. En un país donde no existe una ley específica contra la violencia de género, ni protocolos públicos de registro, donde se reprime al activismo feminista y se limita el acceso a fuentes oficiales, cada caso confirmado es casi una hazaña.
Lo más preocupante es que el Estado cubano se niega sistemáticamente a publicar estadísticas claras, desglosadas, con enfoque de género, como se exige en cualquier país serio. Esa opacidad institucional es una forma más de violencia, una que permite que los crímenes sigan ocurriendo sin consecuencias reales ni políticas públicas eficaces.
Mientras tanto, las mujeres cubanas siguen muriendo, invisibles para un sistema que prefiere mirar para otro lado. Y la sociedad civil, abandonada por un gobierno incapaz de proteger a sus ciudadanas, no tiene más remedio que seguir gritando en las redes lo que las autoridades no quieren escuchar: ¡Ni una más!
