La maquinaria migratoria de Estados Unidos sigue ajustando tuercas, y esta vez el apretón vino por el lado del programa de reunificación familiar, una vía que muchos migrantes ven como la esperanza de reencontrarse con sus seres queridos. Este viernes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) soltó una bomba: más requisitos, más controles y menos flexibilidad.
Requisitos más duros y nuevas condiciones
La nueva normativa no solo complica el camino para quienes aspiran a traer a su familia, sino que también aumenta la cantidad de revisiones de antecedentes y exigencias documentales. El objetivo, según dicen ellos, es garantizar que los lazos familiares sean “auténticos”, como si el amor y el dolor de una madre separada de su hijo necesitara certificación notarial.
USCIS explicó que se está “consolidando” su Manual de Políticas para dejar las cosas “claras”, pero en la práctica, todo apunta a un proceso más intrincado, donde cada paso será vigilado con lupa. El famoso Formulario I-130, clave para peticionar a un familiar extranjero, ahora tiene condiciones más estrictas, incluyendo entrevistas más rigurosas para evaluar los vínculos.
Todo este nuevo entramado legal se ampara bajo la Orden Ejecutiva 14161, una jugada que dice velar por la seguridad nacional, pero que parece más bien un nuevo muro invisible para frenar a los migrantes pobres, especialmente los latinos, que luchan por un futuro más digno.
Cambios inmediatos y sin anestesia
Las nuevas reglas no dan tregua: entran en vigor de inmediato y aplican tanto a casos pendientes como a los que se presenten desde ahora. O sea, si ya estabas en el carril, prepárate para más trabas. Si apenas ibas a empezar, pues agárrate que vienen curvas.
Según USCIS, todo esto es para detectar posibles fraudes y proteger al país de supuestas “amenazas a la seguridad nacional”. Pero no hay que ser muy suspicaz para notar que el endurecimiento cae como anillo al dedo a una política que quiere limitar quién entra y quién no, sobre todo si vienes de abajo y sin padrino político.
Un examen de ciudadanía más duro a la vista
Pero la cosa no para ahí. Esta misma semana, USCIS dejó caer que vienen cambios serios en el examen de naturalización, esa última prueba para ganarse la ciudadanía. El nuevo director de la agencia, Joseph Edlow, no se anduvo con rodeos: “El examen ahora es demasiado fácil”, dijo sin titubear en una entrevista con The New York Times.
Para Edlow, la versión actual —implementada tras la llegada de Biden— “no refleja el verdadero espíritu de la ley”. Con eso justificó su intención de volver al formato más exigente de la era Trump, aquel donde había que saberse la historia de EE.UU. al dedillo y responder correctamente al menos 12 de 20 preguntas.
El mensaje es claro: quieren volver a poner la valla bien alta para que no cualquiera pueda saltarla. Otra medida que, aunque no lo digan en voz alta, termina afectando a los migrantes de a pie, a los que vienen de países golpeados, como Cuba, donde el sistema expulsa a su gente pero después les exige excelencia para aceptarlos.
Suben las tarifas para trámites migratorios
Y como si fuera poco, desde el 17 de julio, USCIS encareció aún más varios trámites. Quienes necesiten solicitar Parole In Place (PIP), una especie de salvavidas legal para ciertas categorías de migrantes dentro del país, ahora tendrán que soltar 630 dólares. Antes, muchas de estas solicitudes estaban exentas de pago.
Ahora ya no hay gratis para nadie. Y todo quedó bien clarito en la actualización del formulario G-1055, donde USCIS detalla cada nuevo precio como si estuviera vendiendo entradas para un concierto VIP, cuando en realidad se trata de la vida de miles de personas que solo buscan regularizar su estatus.
