En Cuba, la Seguridad del Estado parece haber puesto en la mira a todo el que levante la voz, y ahora le tocó el turno a José Ramón Viñas Alonso, una figura respetada dentro de la masonería y conocida por no morderse la lengua frente al poder. Desde que en julio de 2021 condenó la represión brutal contra las protestas del 11J, el régimen lo tiene fichado como enemigo público.
En los últimos días, circula por redes y páginas oficialistas —como la propagandística Razones de Cuba— un texto anónimo, sin firma ni pruebas, que lo pinta como un “falso líder” metido en una supuesta red de corrupción masónica. Entre las acusaciones: malversar fondos destinados al Asilo Nacional Masónico, relacionarse con logias extranjeras “irregulares” y politizar la hermandad.
Pero para sus defensores, todo esto huele a jugada sucia de la policía política. Viñas, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33, ha sido claro en su rechazo a que el Estado meta la mano en los asuntos masónicos. De hecho, en 2021 firmó una carta que responsabilizaba directamente a Miguel Díaz-Canel por incitar a la violencia contra el pueblo. Desde entonces, vive bajo vigilancia, ha sido interrogado varias veces y ha enfrentado procesos internos llenos de irregularidades.
Su postura no se limita a la política interna: también criticó la invasión rusa a Ucrania, lo que, según masones consultados por medios independientes, lo convirtió en blanco prioritario de la Seguridad del Estado.
En mayo, el Ministerio de Justicia lo destituyó y colocó en su lugar a Lázaro Cuesta Valdés, un veterano masón muy cercano al régimen. La movida vino con amenazas de congelar los fondos de la fraternidad si no aceptaban la decisión. Y como si fuera poco, en agosto lo volvieron a citar para interrogarlo y le armaron una acusación por “tráfico de divisas”.
El pretexto: dos simples cambios internos de 100 dólares entre masones para gastos del asilo, hechos a 370 pesos por dólar y no a la tasa oficial de 120. Para la hermandad, esto es solo una excusa burda para sacarlo del liderazgo y tratarlo como criminal. El escritor y masón Ángel Santiesteban-Prats, que también sufre el acoso policial, lo dijo claro: “Esto es un asesinato descarado contra la masonería en Cuba”.
La ofensiva contra Viñas se da en medio de una crisis profunda dentro de la masonería cubana: expulsiones, destituciones y la imposición de dirigentes dóciles al Gobierno. Aun así, muchos masones resisten, defendiendo la autonomía de la institución, incluso sesionando en plena calle frente a la estatua de Carlos Manuel de Céspedes bajo la mirada de la policía. Para ellos, este ataque no es casualidad: es un mensaje de que en Cuba, cualquier organización independiente será infiltrada, dividida y destruida si desafía al poder.
El Gran Maestro electo, Juan Alberto Kessell Linares, lo dijo sin rodeos: “Si el gobierno nos quiere dominar, no se lo vamos a permitir”. Mientras tanto, Viñas ha optado por guardar silencio, manteniendo la convicción de que los asuntos internos deben tratarse dentro de la orden. Pero la realidad es innegable: en la Cuba actual, ni la masonería se salva del puño de hierro del régimen.
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