Lo que para muchos es el sueño de volver a la tierra que los vio nacer, para Juan Carlos Hernández Mora terminó siendo una trampa mortal. Este cubano-alemán, que dejó atrás 12 años de vida cómoda en Europa para invertir en la isla y pasar sus últimos años cerca de su gente, hoy carga con una condena de 12 años, sin casa, sin negocio y con la prohibición de salir de Cuba hasta el 2030.
En 2008 decidió repatriarse, compró una elegante casa colonial en el corazón histórico de Trinidad y abrió un negocio turístico que no solo le daba para vivir, sino también para ayudar a quienes más lo necesitaban. “Extrañaba mi país, mis costumbres… pensé que podía sobrevivir aquí”, confesó a Martí Noticias.
Pero el idilio duró poco. En 2019 fue arrestado y, un año más tarde, condenado en un juicio a puertas cerradas por proxenetismo, cohecho y fraude eléctrico. Él insiste en que las acusaciones son falsas y que todas las personas implicadas eran adultas y actuaban con pleno consentimiento. Tras el fallo, el Estado le confiscó la casa y envió a su familia a un apartamento modesto en las afueras.
Según la abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, esto no es un caso aislado: el régimen lleva años usando el Código Penal como arma para despojar a propietarios de inmuebles valiosos, sobre todo en zonas turísticas. “Hoy pueden invitarte a invertir; mañana te inventan un caso y te lo quitan todo”, advierte.
Hernández obtuvo libertad condicional en 2024, pero ni su doble ciudadanía le permite volver a Alemania. “Solo quiero terminar mi condena e irme… Me arrepiento amargamente de haber regresado”, lamenta. Berlín asegura que le brinda asistencia consular, aunque sin entrar en detalles. Mientras tanto, él sigue atrapado, convertido en un ejemplo más del alto riesgo de invertir en un país sin garantías jurídicas.
Y no está solo en esta lista negra. En 2021, el español Armando Unsain Bartolomé, dueño del hotel boutique La Colonial 1861 en La Habana y declarado defensor del castrismo, recibió una orden del Ministerio del Interior: tenía 30 días para irse o sería deportado. Lo acusaron de “conducta violenta” y de ser investigado por delitos graves. Él lo negó todo, pero ni su afinidad política lo salvó del destierro arbitrario.
Más reciente es el caso del cubanoamericano Frank Cuspinera Medina, creador del supermercado Diplomarket —apodado “el Costco cubano”—. Fue arrestado en 2024 acusado de evasión fiscal, tráfico de divisas y lavado de activos. Su empresa fue tomada por los militares y todas sus propiedades confiscadas. Lleva más de un año en prisión preventiva y en junio hizo una huelga de hambre para denunciar un proceso plagado de irregularidades y cargos fabricados a conveniencia del régimen.
