En Cárdenas, Matanzas, el 7 de agosto no fue un día cualquiera. Ese día, en la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial, se dictó sentencia contra dos exfuncionarias de la Dirección Municipal de Vivienda. El motivo: autorizar y certificar el pago de más de medio millón de pesos por obras que, literalmente, jamás existieron.
El juicio fue “ejemplarizante, oral y público”, según la versión oficial, y contó con la presencia de directivos de Vivienda tanto de Matanzas como de Cárdenas. Las protagonistas, una exdirectora y una exinversionista, enfrentaban cargos de falsificación de documentos bancarios y de comercio, usados como herramienta para cometer malversación.
La investigación reveló un contrato bastante turbio. La exdirectora lo firmó con un trabajador por cuenta propia para rehabilitar edificios multifamiliares. No hubo licitación, ni aprobación del Comité de Contratación, ni detalles básicos como cronograma o listado de materiales. Un papel más flojo que las paredes que supuestamente iban a reforzar.
El proyecto era para “reforzar” el edificio de Transporte, en el reparto 13 de Marzo. Spoiler: nunca se hizo nada. Aun así, la exinversionista certificó que el trabajo estaba hecho y que la calidad era buena, liberando así un pago exacto de 531,486.19 pesos. El dinero fue directo a manos del contratista privado.
El tribunal les impuso a la exdirectora cinco años de prisión y a la exinversionista cuatro, aunque esta última podría cumplir la condena en trabajo correccional sin internamiento. Además, ambas quedaron inhabilitadas para manejar recursos materiales y financieros en el futuro.
Curiosamente, la suma fue devuelta por familiares de las acusadas antes de que terminara el proceso, evitando así pérdidas patrimoniales para la entidad. Pero el tribunal no dejó pasar el detalle: calificó el hecho de “indiscutible lesividad social” por el uso indebido de fondos públicos.
Este caso, sin embargo, no queda solo en lo judicial. Sale a la luz en un momento en que hasta figuras alineadas con el oficialismo reconocen que la prensa estatal no siempre cubre casos de corrupción. Michel Torres Corona, conductor de Con Filo, admitió hace poco que los medios oficiales a veces ni tienen la información oportuna ni pueden dar cobertura a estos temas, aunque sean de dominio público.
La periodista Cristina Escobar también se sumó a las críticas, reclamando un periodismo más útil y menos obsesionado con “llenar parrilla” de contenido irrelevante.
En un país donde la corrupción muchas veces queda fuera de la agenda informativa, este juicio en Cárdenas no solo señala a dos culpables, sino que también expone las grietas de un sistema mediático que, aunque lo niegue, cada vez muestra más sus contradicciones.
