En Guisa, provincia de Granma, la maquinaria represiva del régimen volvió a mostrar su rostro más absurdo: decomisaron toneladas de plátano maduro a un grupo de productores que pretendían vender su mercancía en Bayamo. La excusa oficial fue la de siempre: “venta ilegal” y “precios alterados” por parte de los carretilleros.
La noticia salió en Facebook a través de un perfil alineado con la dictadura, Entérate con Aytana Alama, que celebró la incautación como si se tratara de una victoria patriótica. Según su versión, ahora los plátanos irían a parar a Acopio para venderse “legalmente” y “a precios más bajos” a la población bayamesa.
Pero en Granma, la gente no se tragó el cuento. Las redes se llenaron de comentarios furiosos acusando al gobierno de criminalizar a quienes realmente trabajan para alimentar al pueblo. Un usuario resumió la indignación: “Claro que lo venden barato, si no les costó nada. En vez de velar al que lleva comida al pueblo, pónganse a hacer ustedes lo que no hacen: producir”.
Otros fueron más directos, llamando a los dirigentes “descarados, corruptos y abusadores” que decomisan no para ayudar, sino para quedarse con el dinero. Uno lo dijo sin pelos en la lengua: “A los verdaderos ladrones no les pasa nada, pero al guajiro que lucha para vivir no lo dejan respirar”.
La lógica económica también salió a relucir entre los comentarios: cada decomiso significa un productor menos en el campo. Si hubiera más vendedores ofreciendo toneladas de plátano, los precios bajarían solos. Pero el régimen prefiere asfixiar al campesino, impidiéndole vender libremente, antes que dejar que el mercado respire.
Un granmense lo explicó claro: “El gobierno no tiene ni pantalones ni dinero para comprarle al campesino y luego vender barato. Y cuando lo hacen, no pagan, todo es fiao. Así cualquiera prefiere decomisar”.
Este atropello no es un hecho aislado. Casos como el de Carlos y Joelkis Díaz, matrimonio al que en 2024 les arrebataron dos vacas que criaban desde hace 25 años, o el decomiso de camiones enteros de comida en Santiago de Cuba, son parte de una política sistemática: estrangular al productor independiente para mantener el control total de los alimentos.
