La activista cubana Amelia Calzadilla volvió a encender las alarmas sobre el caos que reina en el Consulado General de España en La Habana. Según denunció, el desastre con el sistema de citas amenaza con dejar a cientos de cubanos sin poder reclamar la ciudadanía española antes de que se apague la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2025.
En una carta que publicó en Facebook y dirigió directamente al consulado y al Ministerio de Asuntos Exteriores español, Calzadilla recordó que esta ley, aprobada en 2022, abrió la puerta a miles de cubanos para recuperar la nacionalidad de sus abuelos o padres. El problema es que el reloj no perdona, y quedan menos de tres meses para que todo se acabe.
El punto de quiebre, asegura, fue el cambio de sistema de credenciales que se anunció entre mayo y junio de este año. Desde entonces, muchos solicitantes quedaron en un limbo burocrático. Especialmente golpeados están quienes enviaron sus papeles en abril de 2024 y todavía siguen esperando una confirmación o una simple cita para entregar la documentación.
Calzadilla no se anduvo con rodeos: “Este proceso ha sido largo, agotador y carísimo”, advirtió, recordando que aunque el trámite en el consulado es gratuito, los cubanos han tenido que vaciarse el bolsillo en legalizaciones, viajes a La Habana y hasta alquileres para poder presentarse en persona.
Para colmo, el nuevo sistema asigna citas de forma totalmente aleatoria: a algunos de principios de abril les responden después que a los de finales de mes, y el correo de reclamaciones del sistema anterior fue eliminado sin más, dejando a la gente sin a quién pedirle cuentas. Incluso su propia madre, que solicitó el 2 de abril, sigue sin recibir credenciales ni aviso de traslado al nuevo sistema.
El drama es mayor para quienes ven en este derecho la única oportunidad de reunirse con familiares que no pueden visitar por prohibiciones políticas del régimen cubano. Por eso, Calzadilla exige que el gobierno español explique ya si hay que volver a pedir credenciales en el nuevo sistema para no perder el derecho cuando el plazo se cierre.
Las reacciones no tardaron. Cientos de cubanos contaron experiencias igual de desesperantes. Hay quienes han gastado más de 130.000 pesos para cumplir todos los requisitos, y otros que, por un error tonto de formato en el nombre, han tenido que empezar de cero. Todos coinciden en lo mismo: el sistema está roto y el tiempo se agota.
Este problema no es solo un fallo administrativo español; es otro recordatorio de cómo el régimen en Cuba mantiene a su gente atrapada, sin alternativas reales y con la emigración como única vía de escape. Mientras el castrismo se aferra al poder, muchos cubanos ven en esta ley su tabla de salvación para huir de la miseria, pero la burocracia y la ineficiencia amenazan con cortarla de golpe.
En esta recta final, los solicitantes se mueven contra reloj, gastando lo que no tienen y con la angustia de saber que, si no hay cambios, la oportunidad de salir adelante puede evaporarse en cuestión de semanas. Porque en Cuba, hasta reclamar un derecho fuera del país se convierte en otra carrera de obstáculos impuesta por el sistema.
