En Cuba parece que la solución para cada crisis económica es siempre la misma: mandar más inspectores, sacar más policías a la calle y repartir multas a diestra y siniestra. Nada de producción, nada de incentivos, nada de apostar por el desarrollo real. La última “movida” en Matanzas es un ejemplo clarísimo de cómo el régimen intenta disfrazar de control y orden lo que en realidad es represión administrativa contra los que intentan sobrevivir en medio del caos.
En esa provincia, según contó Noel Sánchez Roque, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial, se desplegaron nada más y nada menos que 432 inspectores de diferentes organismos, acompañados por la Policía Nacional Revolucionaria. ¿La misión? Supervisar, o mejor dicho, cazar, a negocios estatales y privados. El resultado habla solo: 1108 inspecciones, 562 violaciones detectadas y 523 multas impuestas.
Pero aquí no se trató de mejorar la economía ni de buscar soluciones para la inflación. No. El operativo fue, básicamente, una cacería contra cualquiera que se salga un milímetro de las absurdas normas de precios y comercialización dictadas desde arriba. De hecho, más del 40% de las multas fueron por incumplir el Decreto Ley 30, ese que pretende fijar precios oficiales en un mercado donde todo está en crisis. Y las demás sanciones cayeron sobre los que vendieron fuera de los canales electrónicos, comercializaron productos “ilegales” o simplemente se atrevieron a ponerle unos pesos de más al pollo, el aceite, la leche en polvo o el detergente.
El saldo final fue demoledor: 42 ventas forzosas, 6 negocios cerrados y varios decomisos. Para colmo, tres personas terminarán en procesos legales por “desacato a la autoridad”. Y mientras tanto, el discurso oficial de siempre: que “nadie tiene derecho a lucrar con el pueblo” y que todo está dentro de la ley. Lo mismo de siempre, vaya.
Lo que nunca dicen, claro, es que este modelo de control absoluto es el verdadero culpable del desastre. En lugar de incentivar la producción y soltar un poco las riendas para que haya más oferta, el régimen sigue en su onda de ahogar a los emprendedores con decretos y regulaciones que castigan la iniciativa privada. Resultado: menos comida, menos productos y más colas.
En cualquier país donde la economía funciona, la competencia ayuda a bajar los precios. Pero en Cuba se intenta controlarlos de manera artificial, y eso solo genera un cóctel explosivo de escasez, mercado negro y corrupción. Al final, es un círculo vicioso: multan a quienes venden caro, pero los precios oficiales no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, cada vez menos gente se arriesga a producir o vender, la oferta cae y los precios en la calle siguen subiendo.
Las inspecciones masivas, en vez de resolver algo, se convierten en un desperdicio brutal de recursos y mano de obra. Esos cientos de inspectores podrían estar produciendo, innovando o incluso trabajando en sectores que realmente generen riqueza. Pero no, la apuesta sigue siendo apretar más la tuerca y controlar hasta el último centavo que circula.
La verdad es sencilla: la economía cubana no está en ruinas por falta de inspectores, sino por falta de libertad. Mientras el país siga siendo un gran aparato de multas, decomisos y cierres, lo único que funcionará con eficiencia será la pobreza.
