El régimen cubano volvió a dar de qué hablar, y esta vez lo hizo a través de la Gaceta Oficial, donde aparecieron nada más y nada menos que citaciones judiciales contra opositores que ni siquiera viven en la isla. Sí, leíste bien: están tratando de procesar a activistas que residen en el extranjero como si aún pudieran controlarlos desde La Habana.
En esta edición extraordinaria No. 47, publicada el 19 de agosto de 2025, el Ministerio del Interior incluyó requisitorias contra Miguel Gómez Bártulos y Seriocha Humberto Fernández Rojas, ambos vinculados al movimiento opositor Cuba Primero. ¿Los cargos? Supuestamente financiar e instruir acciones de sabotaje en Matanzas, La Habana y Villa Clara. Nada nuevo en el guion: el clásico combo de acusaciones para criminalizar la disidencia.
Según el documento, ambos activistas fueron citados a presentarse el 14 de julio en dependencias de la Seguridad del Estado, algo completamente absurdo teniendo en cuenta que residen fuera de Cuba. Como era lógico, no se presentaron, y ahora el texto advierte que si en diez días no aparecen, serán declarados “en rebeldía”. Eso abre la puerta a juicios en ausencia, una estrategia que La Habana ya ha usado antes como arma política.
Uno de los señalados, Miguel Gómez Bártulos, residente en Miami, denunció que esto es un intento descarado de intimidarlo, incluso desde la distancia. Lo más sucio de todo es que, según reveló Cántalo TV, la citación fue entregada a su madre en Cuba, una jugada baja y calculada para presionar emocionalmente a la familia que nada tiene que ver con el asunto.
La historia se repite con Seriocha Fernández Rojas, también acusado de coordinar supuestos ataques contra instituciones estatales. Las organizaciones opositoras han rechazado de plano estas acusaciones, asegurando que no son más que otra maniobra del régimen para desacreditar a los activistas.
Pero esto no llega solo. Estas citaciones aparecen apenas semanas después de que el régimen publicara su famosa Lista Nacional de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo, que hasta presentaron en la ONU. En esa lista —que muchos califican de propaganda más que de documento legal— aparecen no solo Gómez y Fernández, sino otros 62 exiliados y 20 organizaciones, la mayoría radicadas en Florida.
Entre los nombres señalados están figuras bien conocidas como Alexander Otaola, Ana Olema, Orlando Gutiérrez Boronat y Eliecer Ávila, además de agrupaciones como Hermanos al Rescate y la FNCA. El problema es que esta lista no tiene peso legal fuera de Cuba, pero sí sirve como herramienta para mantener el miedo dentro de la isla y seguir reforzando el discurso de “enemigos externos”.
En resumen, con estas publicaciones en la Gaceta Oficial, el régimen cubano no solo intenta criminalizar el exilio, sino que también manda un mensaje claro: “nadie se salva de nuestro alcance”. Una estrategia que combina propaganda, represión y presión sobre las familias que todavía viven bajo el control del sistema.
